Melchor Sáiz-Pardo
Jueves, 9 de octubre 2014, 11:29
Primer gran golpe policial al fraude a la Ley de la Memoria Histórica que desde 2007 permite obtener la nacionalidad, entre otros, a los descendientes de exiliados españoles. El Gobierno ha extinguido la nacionalidad a 242 personas, todas ellas de origen colombiano, después de que ... la Policía Nacional descubrieran que habían pagado unos 5.000 euros a un red para conseguir falsos papeles para probar sus vínculos con España y conseguir luego, a su vez, la reagrupación de sus familiares, siempre de acuerdo con la Ley 52/2007, aprobada por el Ejecutivo socialista.
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Según informa la Policía, las investigaciones comenzaron a principios de 2012 cuando agentes de la Brigada Provincial de Extranjería de Alicante sospecharon de algunos ciudadanos de origen colombiano que, al parecer, estarían utilizando partidas literales de nacimiento de españoles ya fallecidos para hacerse pasar por familiares de éstos y, de este modo, obtener la nacionalidad española.
Tras las primeras averiguaciones y numerosos contactos con los Consulados de España en Cartagena de Indias y Bogotá y con la colaboración de la Consejería de España en Colombia, la Policía española consiguió averiguar el 'modus operandi' seguido por la organización tanto en Colombia como en España.
En primer lugar, la organización conseguía en diferentes Registros Civiles españoles certificados literales de nacimiento de ciudadanos españoles que emigraron hace años a Colombia y que ya hubieran fallecido. La finalidad de la organización era utilizar los datos de esos españoles fallecidos como falsos progenitores de sus clientes para, en base a ese vínculo de parentesco, solicitar la nacionalidad española.
Una vez que tenían en su poder los certificados de nacimiento, conseguían documentos colombianos originales, -cédulas de identidad, partidas de nacimiento y partidas de bautismo-, en los que inscribían datos de filiación falsos que acreditaran el vínculo familiar entre el ciudadano español fallecido y el colombiano.
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Los documentos tenían una apariencia totalmente legal ya que el soporte utilizado era original, lo que dificultaba su detección por parte de las autoridades. La falsedad consistía en inscribir en dicho soporte original filiaciones falsas de los ciudadanos a nacionalizar.
Una vez en posesión de dichos documentos, la organización inscribía a las personas interesadas en el Registro Civil del Consulado español de Cartagena de Indias, en Colombia, con la finalidad de recuperar la nacionalidad española, de acuerdo con el artículo 26 del Código Civil o adquirirla, conforme a la Ley de Memoria Histórica.
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Una vez inscritos en el Registro Civil español, solicitaban el pasaporte español y se establecían en España y solicitaban la reagrupación de otros ciudadanos colombianos de su familia, en calidad de familiares de ciudadanos comunitarios
En algunos casos, la situación era realmente llamativa; numeración en diferentes certificados, diferentes fechas de defunción para una misma persona o un hombre que, según los papeles, había tenido veinte hijos con nueve mujeres diferentes.
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