El Gobierno cree que el decreto de creación de la junta electoral para el 9-N incumple la orden del Constitucional

La número dos del Ejecutivo ha asegurado que el Estado actuará con firmeza porque no puede permitir que se incumpla la ley. Nadie puede diseñar la democracia a su medida y decidir qué es legal y qué no lo es, ha subrayado. Por ese motivo, ha añadido, ha ordenado intervenir a los servicios jurídicos, que presentarán su recurso ante el Constitucional la próxima semana.

Sáenz de Santamaría no ha querido acusar al presidente de la Generalitat de prevaricación, pero sí ha puntualizado que firmó con prevenciones el decreto de creación de la junta electoral que supervisará el referéndum, como si ni estuviera seguro de la legalidad de su actuación. Además, en términos jurídicos, el decreto es, a su juicio, un texto novedoso, sin precedentes.

El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) ha publicado este viernes por la mañana el decreto que anoche firmó Mas. El decreto, que hoy entra en vigor, indica textualmente que los nombramientos de los miembros de la comisión de control de las consultas populares no refrendarias se efectúa en consonancia con el acuerdo de designación aprobado anteayer por el pleno del Parlament, sin los votos de PPC, PSC y Ciutadans.

El decreto, que consta de un único artículo, nombra la junta electoral de la consulta "a los efectos de la vigencia correspondiente, en virtud -según indica literalmente- de las facultades que me atribuye la Ley 13/2008 del 5 de noviembre de la Presidencia de la Generalitat y del Govern y el resto de normativa de aplicación".