Las siete leyes pendientes de Justicia

Con el calendario en la mano, su fama de reformador «compulsivo», como le conocen en algunos ambientes jurídicos, quedará patente en el ministerio. En su batería legislativa se encuentran varias normas como el Código Penal o la controvertida reforma del aborto que, al no prosperar, ha precipitado su salida del Gobierno. Dos más se encuentran con el plazo ya prefijado para su aplicación: la ley de transparencia (10 de diciembre del 2014 para los órganos estatales y un año después para los entes autonómicos y locales) y la ley del registro civil, que pasará a manos de los registradores a partir del 15 de julio del 2015.

Pero dado que el período legislativo que ahora comienza está muy delimitado, más si cabe por la celebración de las elecciones municipales y autonómicas de mayo del 2015, dos reformas estrella de Gallardón están abocadas a quedarse en la nevera por falta de tiempo. Se trata de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, que propone la reorganización de los juzgados y tribunales del país con la supresión de los partidos judiciales, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal y que data de 1882. De esta última norma, que pasará a llamarse Código Procesal Penal, solo ha visto la luz el borrador de expertos y su aprobación siquiera como anteproyecto de ley parece una quimera. En esta circunstancia, Justicia estudia la posibilidad de proponer cambios parciales a esta norma, como ya ha hecho con Ley Orgánica del Poder Judicial que ahora tramita. Este fue el caso de la modificación de la elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial, la reforma exprés de la justicia universal o el aforamiento de los reyes salientes.

Cambios en el articulado

En el caso del Código Penal que tramitan las Cortes una parte importante se refiere a las faltas que se convertirán en delitos menos graves. Sin embargo, no podrá aplicarse si antes no se aprueba un proceso específico que no existe en este momento y que pasa por modificar determinados artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con todo, su desarrollo se alargará más de un año, ya que el Código Penal está previsto que entre en vigor de forma progresiva en el 2015.

Al Congreso llegaron el pasado 1 de agosto los proyectos de ley de Jurisdicción Voluntaria y del Estatuto de la Víctima. El primero simplifica y actualiza los procedimientos en aquellos asuntos en los que no hay controversia, en los que intervendrán notarios y registradores, y requerirá un órgano judicial para la tutela de determinados intereses relativos al derecho civil y mercantil.

Por su parte, el Estatuto de la Víctima constituye un catálogo de los derechos procesales y extraprocesales de aquellas personas que sufran un perjuicio físico, moral o económico a consecuencia de un delito, y también de sus familiares. Ambos proyectos son más livianos y tendrán una tramitación más rápida que el Código Penal. A ello ayudará la mayoría absoluta del PP. Un caso parecido al proyecto de Asistencia Jurídica Gratuita. Llegó a las Cortes en febrero y el Gobierno exigió antes de verano que se acelerara su desarrollo parlamentario con la celebración de sesiones extraordinarias de los órganos competentes. La norma endurece los criterios para acceder a este servicio.

Proyectos de calado social

De mayor calado político y social son quizá los dos anteproyectos estrella que Gallardón pretendía poner en marcha antes de acabar la legislatura. El primero es la reforma de la ley del aborto que Mariano Rajoy ha decidido retirar propiciando la salida del Gobierno de Gallardón. En concreto, la norma que proponía suprime el sistema de plazos del Gobierno socialista y devuelve a la regulación de 1985. El ministro tenía previsto llevar la reforma al Consejo de Ministros y convertirlo en proyecto de ley antes de que acabara el mes de septiembre. Por su parte, la ley Orgánica del Poder Judicial, que regula las funciones de juzgados y tribunales, tiene más de seiscientos artículos y se encuentra en fase consultiva.