La Unión Europea desaconseja reformas en la ley electoral a un año de los comicios

Según refleja el Manual de Observación Electoral de la UE, cualquier enmienda del régimen electoral deberá acordarse de manera «consensuada e incluyente» y gozar del respaldo tanto del partido del Gobierno como de aquellos que conforman la oposición. Es seguro que este primer requisito ya no se dará en el caso de la propuesta que el PP pretende llevar al Congreso en septiembre ya que ninguna otra fuerza está dispuesta a apoyarla. Además, el manual señala que «la certidumbre y la transparencia en un proceso electoral se refuerza cuando el marco legal está establecido mucho antes de la fecha para la que ha sido anunciada la elección». De esta forma, la UE advierte de que «las reglas del juego» no se pueden cambiar a menos de doce meses de la cita con las urnas.

El Consejo de Europa, organización que integra a todos los países del continente y que tiene como objetivo la defensa e impulso de los valores democráticos, fija también el año de antelación como límite para llevar a cabo una reforma de este calado. La Comisión de Venecia, uno de sus organismos dependientes, establece que, si las normas se cambian con frecuencia, «los votantes pueden llegar a pensar, con razón o sin ella, que el derecho electoral es un instrumento que manipulan a su favor quienes ejercen el poder». Añade que no sólo deben evitarse maniobras interesadas sino también los hechos que aparenten que se estén llevando a cabo. La Comisión de Venecia concluye que, aunque no haya voluntad de manipulación por parte del Gobierno de turno, «los cambios -a menos de un año de las elecciones- darán la impresión de que están dictados por intereses partidistas».

Por último, la OSCE mantiene en su guía de transparencia que cualquier reforma del modelo electoral con unos comicios a sus puertas sólo debe acometerse «en casos extraordinarios» y siempre y cuando exista un amplio consenso político y de la opinión pública.

Argumentos de la oposición

Las recomendaciones de los organismos internacionales coinciden con los argumentos que ha esgrimido la oposición para rechazar sentarse a negociar la reforma planteada por los populares. PSOE, IU, UPyD o Esquerra han acusado al partido de Gobierno de maniobrar para perpetrar un «pucherazo» que le permita mantener buena parte de las alcaldías que hoy tiene en su poder y que, en base a los resultados de las pasadas elecciones europeas, estarían amenazadas de caer en mayo en manos de coaliciones opositoras.

Pese a las opiniones en contra, los barones del Partido Popular siguen presionando para que la modificación del régimen electoral se materialice a la mayor brevedad posible. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, defendió ayer que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está legitimado para acometer el cambio porque «tiene una mayoría suficiente que le han proporcionado los ciudadanos en las urnas». Su compañero de filas y jefe del Ejecutivo valenciano, Alberto Fabra, manifestó de la misma forma su deseo de que la modificación se concrete cuanto antes al ser de «sentido común».

La Comunidad Valenciana y la de Madrid son dos de los principales graneros de votos del PP y los lugares donde, si se cumplen las encuestas, los populares pueden perder más poder municipal.