El Supremo recibe la parte del 'caso ERE' que afecta a Chaves y Griñán

El envío ha llegado esta mañana al Supremo. Se trata de una parte del sumario del 'caso de los ERE', en total 20 de los 80 tomos que tiene el proceso, según fuentes judiciales. Alaya ya dejó escrita a principios de agosto esta exposición para pedir a la Sala de lo Penal del alto tribunal que tome en consideración imputar a los aforados, así como la providencia dando cuenta de esta petición. El escrito va acompañado de audio y vídeo.

El juzgado de Sevilla investiga un fraude en las ayudas de 850 millones de euros otorgados en subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis desde 2000 a 2012. La juez Alaya empezó la investigación en enero de 2011 y hasta ahora ha imputado a 201 personas, entre ellas una cuarentena de cargos y altos funcionarios de la Junta de Andalucía, entre ellos la exministra de Fomento Magdalena Álvarez.

Los aforados ante el Supremo son el diputado nacional Manuel Chaves (presidente de la Junta entre 1990 y 2009), el senador José Antonio Griñán (consejero de Economía y Hacienda desde 2004 a 2009 y desde este año a 2012 presidente de la Junta) y los diputados autonómicos Carmen Martínez Aguayo (consejera de Hacienda desde 2009 a 2013 y antes viceconsejera de Hacienda con Griñán), Antonio Ávila (consejero de Presidencia y luego de Economía y Empleo desde 2009 a 2013), Francisco Vallejo (consejero de Innovación desde 2004 a 2009) y Manuel Recio (consejero de Empleo desde 2009 a 2012).

En el caso de José Antonio Viera, fue consejero de Empleo de 2000 a 2004, es diputado nacional y aforado por el Supremo. El estatuto de autonómia de Andalucía especifica que los exconsejeros aforados deben ser investigados por la Sala de lo Penal del Supremo.

Al margen de la ley

En un auto del día 18 de diciembre, por el que señalaba como "preimputados" a Chavez y Griñán, la juez señalaba que la concesión de las ayudas a través de la partida presupuestaria de las transferencias de financiación al IFA, luego IDEA, se hizo al margen de lo establecido en la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía; del reglamento de Subvenciones de la Junta de 2001 y de la Ley de Subvenciones de 2003.

También que estas concesiones "sin la fiscalización propia en el gasto y en pago por parte de la Intervención, como control de legalidad, se pudo producir gracias a la presupuestación también continuada de dicha partida de transferencias de financiación, primero a través de las modificaciones presupuestarias y luego a través de las propias leyes de Presupuestos".

La juez Alaya se apoya del mismo modo en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, que dice que se utilizó de "forma inadecuada" la figura de las transferencias de financiación, "obviando el procedimiento administrativo legalmente establecido para gastos de esta naturaleza". También incluye los informes de advertencia del interventor general de la Junta sobre el uso inadecuado del procedimiento de subvenciones.