La Audiencia Nacional inicia los trámites para juzgar al presidente de Damm por fraude a Hacienda

Tras revocar el alto tribunal una decisión anterior de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que había dejado fuera de la causa al presidente de Damm al estimar que su imputación fue tardía y que pudo deberse a la supuesta animadversión de uno de los implicados-, Ruz ha vuelto a poner en marcha toda la maquinaria judicial y en breve dictará un nuevo auto de apertura de juicio oral contra los cuatro acusados: los dos Carceller, además de José Luis Serrano, hombre de confianza de la familia, y el abogado Gabriel Ignacio Petrus, su asesor fiscal.

A juicio del instructor, todos ellos constituyeron una trama defraudatoria a la Hacienda Pública, cuyo objetivo no era otro que ocultar a las autoridades el domicilio real y efectivo de Carceller Coll- Este continua explicando Ruz en su auto-, para eludir sus obligaciones tributarias, habría iniciado -al menos desde los años 90, apunta- una actividad para simular que residía en otros países, para lo cual no dudó en utilizar estructuras fiduciarias radicadas la mayor parte de ellas en paraísos fiscales.

El juez les acusa a los cuatro aunque en distintos grados de participación en los hechos- de la presunta comisión de hasta 13 delitos contra Hacienda -seis en el impuesto de la renta (IRPF) y otros tantos en el de Patrimonio-, junto a otro de blanqueo de capitales. Según la cuantificación hecha por la Agencia Tributaria, el fraude fiscal asciende a 102,8 millones de euros (incluidos intereses de demora).

Cerca de 800 millones en multas

Por todo ello, además de las penas de prisión preceptivas -48 años y medio para el principal imputado, otros 14 años para su primogénito y hoy presidente de Damm como «cooperador necesario», 19 años para Serrano y 42 años para Petrus como supuesto cerebro de la ocultación-, la Fiscalía Anticorrupción reclama para ellos multas que superan en conjunto los 792 millones de euros.

Precisamente para hacer frente a su cuantiosa responsabilidad civil por este caso, el juez les impuso una fianza de más de 1.437 millones de euros:_511,19 millones para Carceller Coll, 402,86 millones para Petrus, 269,52 millones para Serrano y otros 253,65 millones para Carceller Arce. Dichas sumas son de las más elevadas que se han impuesto en la justicia española, superadas sólo por las impuestas en el llamado "caso de los ERE" y en la denominada "operación Malaya". En el probable caso de que no pudieran hacerlas frente, se procedería al embargo de sus bienes en cuantía suficiente.