El presidente del Tribunal de Cuentas niega el enchufismo en la institución

En primer lugar, Ramón Álvarez de Miranda ha rechazado que la institución haya favorecido a una determinada empresa a la que adjudicó de forma continuada obras menores de mantenimiento en sus sedes y que también fue contratada por altos cargos para reformas en inmuebles de su propiedad. El presidente del Tribunal ha explicado que ninguno de estos encargos superó los 50.000 euros que estipula la ley como límite para no ser sacados a concurso público. De la misma forma, ha afirmado que en ningún caso se fraccionaron los contratos con la intención de evitar así alcanzar dicho tope legal. Según ha dicho, "las obras eran independientes unas de otras y no formaban parte de un plan de reforma progresiva de las instalaciones, sino que respondían a necesidades puntuales de carácter urgente". Entre estos trabajos se encuentran la pintura de despachos, reparación de aseos y humedades o la colocación de escayola.

En cuanto a las acusaciones de enchufismo, Álvarez de Miranda ha reconocido los lazos familiares que existen entre 100 de los 700 trabajadores con los que cuenta la institución. No obstante, el presidente ha negado que exista ningún tipo de enchufismo o nepotismo por este hecho. Álvarez de Miranda ha dicho que en la mayoría de los casos se trata de funcionarios que han accedido a su plaza antes de que lo hiciera su supuesto benefactor o que se han establecido los vínculos después de hacer accedido ambos a su puesto. "Los parentescos existen pero no es cierta la insinuación de que estas personas hayan entrado a trabajar en el Tribunal de Cuentas gracias a que lo posibilitaran altos cargos de su familia", ha señalado.

Por último, el presidente del órgano fiscalizador se ha referido a la plantilla de la sección de informática, cuya cualificación ha sido puesta en duda. Álvarez de Miranda ha apuntado que "no es correcto afirmar que el Tribunal dispone de 60 informáticos que no poseen los conocimientos necesarios pues en esa cifra se incluye personal que realiza tareas auxiliares como grabación y validación de datos o manejo de tratamiento de textos". Ha añadido que el personal del Tribunal que desarrolla funciones informáticas cumple con los requisitos que se exigen a puestos análogos de otras Administraciones Públicas.

Medidas de transparencia

Álvarez de Miranda ha denunciado que "se pretende proyectar una imagen del Tribunal de Cuentas ineficiente, de escasa cualificación profesional y que gestiona irregularmente los recursos públicos asignados y, lo que es peor, con falta de independencia e imparcialidad". En cualquier caso, y pese a restar credibilidad a las informaciones sobre el funcionamiento del órgano que dirige, el presidente del Tribunal ha anunciado la aprobación de una batería de medidas para favorecer la transparencia de la institución. Entre estas se encuentran la publicación en la web de la adjudicación de contratos menores no previstos y de la relación de puestos de trabajo vigente. A ello se suma la congelación temporal de la incorporación de nuevo personal y, una vez termine esta, la preferencia por la designación laboral por concurso frente a la libre designación. Por último ha avanzado que se va a estudiar someter toda la actuación del organismo a la auditoría de un Tribunal de Cuentas de otro país europeo.