ETA planeó atentar contra la Audiencia Nacional en 2006

Esta información se incluye en el auto de procesamiento del juez Javier Gómez Bermúdez, titular del Juzgado Central de Instrucción tres de la Audiencia Nacional. Los acusados por integración en organización terrorista y/o colaboración son el denominado Frente Jurídico de ETA, el llamado grupo 'Halboka', en el que se procesa a siete supuestos responsables.

Se trata de Arantza Zulueta, acusada también por depósito de armas y explosivos, Jon Emparantza, Iker Sarriegui, David Pla, Julen Zelarain, José Domingo Auzpurua y Naia Zurriarain. Asimismo, el juez procesa a otras tres personas por colaboración con banda armada, Saioa Aguirre, Juan Maria Jáuregui y Nerea Redondo.

El magistrado explica en su auto que tras la investigación judicial se ha llegado a la conclusión de que existe base para proceder contra todas estas personas. Después de contextualizar todos los frentes de ETA, el juez sitúa a Halboka ( "Rompiendo las paredes pronto los luchadores a la calle") como una estructura plenamente integrada en ETA, "que se dedica principalmente a la gestión de todo lo relacionado con los presos y expresos de ETA".

Control de presos

Los abogados fomentaban la sujeción y sumisión de los presos a la banda terrorista, controlándoles mediante visitas de forma que conocían el estado de ánimo y se lo hacían llegar a la dirección, así como las circulares de ETA a los presos y los boletines internos de los presos a la dirección.

Los presos, tras su detención, escribían informes sobre lo que habían contado en sus declaraciones policiales, así como los errores cometidos que habían facilitado su detención. Esos informes se entregaban a los abogados procesados que a su vez hacían llegar a la cúpula de ETA.

Los responsables de 'Halboka' también elaboraban, según explica el juez, información sobre objetivos o auxiliaban para recaudar el llamado 'impuesto revolucionario'. El juez se centra especialmente en el papel ejercido por Arantza Zulueta, a la que atribuye la mediación directa de uno de esos pagos del impuesto revolucionario.

Además, según el auto, la dirección de ETA le encargó la creación de un 'servicio de inteligencia' por todos los pueblos del País Vasco para obtener datos sobre empresarios a los que pedir el impuesto. Asimismo, a la procesada le encautaron información sobre vehículos del Ministerio de Defensa y sobre el escolta de la expresidenta del PP vasco, María San Gil.

El delito de depósito de armas se le imputa por la memoria electrónica incautada en su despacho. Había imágenes sobre la ubicación geográfica de tres zulos con armas y explosivos que finalmente fueron localizados en el sur de Francia.