La IGAE no ve irregular el contrato de Toledo que investiga Ruz

Sin embargo, la IGAE sí detalla un trato de favor "ilegal" poco después de la adjudicación que tendría que haber provocado la anulación del acuerdo mercantil entre las partes, aunque no menciona los posibles pagos en B que denunció Luis Bárcenas ante el juez como contrapartida por la concesión del contrato.

Los peritos del órgano fiscalizador señalan que "la preparación del contrato se realizó cumpliendo, en términos generales, con el régimen jurídico aplicable". Así, indica que se ha comprobado que se evacuaron los informes preceptivos y se cumplió el trámite de audiencia pública. "No obstante, no consta en el expediente la justificación de ella elección del procedimiento de contratación elegido ni se motiva su necesidad. Tampoco se aporta un certificado de insuficiencia de medios que justifique la contratación".

"Nulo de pleno derecho"

Asimismo, aseguran que cuatro días antes de las elecciones autonómicas del 27 de mayo de 2007, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo, integrada solo por concejales del PP, aprobó una modificación al alza del precio del contrato de 11,4 millones de euros para mejorar las condiciones de los trabajadores en los 10 años de contrato y cuatro de posible prórroga. Una mejora que según el informe, no debió ser asumida "únicamente por la administración".

La IGAE dice que este acuerdo adoptado exclusivamente por el PP cuatro días antes de que el entonces alcalde, José Manuel Molina, perdiera las elecciones, "sería nulo de pleno derecho" porque fue firmado "omitiendo el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos".

Bárcenas reveló al juez Ruz en su declaración del pasado 15 de julio que medió entre los responsables de Sacyr y el PP regional para que la empresa pagase una comisión de 700.000 euros para la campaña de Cospedal a la presidencia autonómica, a cambio de la adjudicación del contrato de basuras de Toledo. Bárcenas aseguró que recogió y entregó parte del dinero, un total de 200.000 euros, al gerente regional del PP José Ángel Cañas, quien firmó un recibí.