Dos vocales provida 'salvaron' el informe del aborto del Poder Judicial

De lo contrario, la otra alternativa hubiera sido una nueva votación y la creciente posibilidad de que hubiera triunfado el informe que había presentado la vocal progresista Pilar Sepúlveda, en el que se pedía la retirada del anteproyecto de ley del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Para no llegar a este extremo, los vocales nombrados por el PP, Juan Manuel Fernández, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y la jurista Nuria Díaz, sumaron sus votos a los de siete vocales conservadores y el presidente Lesmes para aglutinar los diez votos que permitió sacar adelante el informe conservador.

Por el contrario, los consejeros progresistas sumaron ocho votos y hubo tres abstenciones, las de los vocales nacionalistas Mercè Pigem y Enrique Lucas, y el del conservador Fernando Grande-Marlaska, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Así, las matemáticas y el sentido cerrado del voto conservador tuvieron más peso que los principios y la ideología en un aspecto tan sensible como el aborto. El hecho es que el Consejo publicó ayer los votos particulares del pleno del viernes, y tanto Juan Manuel Fernández como Nuria Díaz trataron de salvar la cara con un voto particular conjunto contra el informe aprobado por ellos mismos.

Defensa del 'nasciturus'

Entre sus argumentos destacan que la obligación del Estado de proteger la vida humana está recogido en el artículo 15 de la Constitución, que menciona de forma velada al niño por nacer (nasciturus). Asimismo, señalan que el Comité de Bioética de España aseguró en su informe consultivo de 13 de mayo que se debe de vigilar «constantemente si la protección de la vida humana prenatal está siendo efectiva».

En el campo jurídico, los dos vocales provida utilizan una sentencia del Tribunal Constitucional alemán para defender sus tesis contra la despenalización del aborto eugenésico. «El no nacido goza ya de la dignidad humana y se trata de una vida individual ya determinada e indivisible, con una identidad genética única e inconfundible», recogen. Para los vocales, los supuestos despenalizados son medidas excepcionales, por lo que deberán de interpretarse de manera estricta. «Una interpretación amplia o extensiva de dichas excepciones puede conducir a un fraude de ley», señalaron. Asimismo, cargaron contra la ley de 1985, que trajo el «turismo abortista» y un «grave riesgo» para la salud de la mujer, y defendieron que el aborto cuando provoque un «grave peligro para la vida o la salud física o síquica de la madre» debería valorarlo un médico y en última instancia un juez si la conducta es delictiva.