El Poder Judicial se divide antes de votar la reforma del aborto

Dos de estos consejeros, Mercè Pigem y Enrique Lucas, firman un escrito en el que se recomienda al Gobierno que se replantee la conveniencia de aprobar una nueva norma en una materia tan sensible, modificando un sistema como el vigente que presenta un alto grado de aceptación por la ciudadanía, y que no ha arrojado un saldo negativo en su aplicación. Un argumento que es una invitación a retirar la reforma, tal y como sostiene la ponente Pilar Sepúlveda.

Estos dos vocales nacionalistas sostienen, además, que hay una razón de seguridad jurídica que el Ejecutivo no puede soslayar y que atiende a la propia materia objeto de regulación. Asimismo, han alertado de la situación de inseguridad jurídica que derivaría de una declaración de constitucionalidad del modelo vigente de plazos e indicaciones, según la ley de 2010 aprobada por el Gobierno socialista- por parte del Tribunal Constitucional.

También el vocal Fernando Grande-Marlaska, propuesto por el PP, alude a las razones de seguridad jurídica en el escrito que ha registrado. Este vocal dice que dados los específicos derechos, libertades y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos afectados en la regulación y teniendo en cuenta que el alto tribunal aún no se ha pronunciado sobre la legalidad de la norma vigente, habría que esperar a su resolución.

Por último, la vocal Nuria Díaz, también nombrada por el PP, discrepa de las propuestas de informe presentadas por las ponentes Carmen Llombart y Pilar Sepúlveda, que coinciden en pedir que el supuesto del aborto eugenésico en los casos en los que exista una anomalía fetal incompatible con la vida- se desligue de la afectación de la salud psíquica de la mujer por entender que no se da conflicto entre los derechos de la embarazada y la protección del concebido.