El BEI retrasa la decisión sobre el posible cese de Álvarez a julio

En un comunicado emitido tras la reunión celebrada en la capital italiana se afirma que "a petición de miembros del consejo" se produjo una "discusión de procedimiento sobre los riesgos de reputación relacionados con las alegaciones contra la vicepresidenta Álvarez". El texto no precisa el contenido de ese debate y solo alude a que este asunto podría suscitar de nuevo una discusión en el mismo gremio en la sede del banco.

Hace unos días el BEI dijo que estaba "analizando" la ratificación de la imputación que pesa sobre su vicepresidenta por presunta malversación de fondos en el caso de los ERE en Andalucía. Pero confirmó que la exministra española mantenía su puesto en la entidad. "La vicepresidenta Álvarez ha informado al comité gerente de la decisión de la Audiencia. El Banco está analizando esta decisión y sigue el proceso judicial en España con todo el respeto", afirmó el BEI entonces en una escueta declaración.

A iniciativa del Gobierno

El Gobierno cree que Álvarez no podría ejercer ningún cargo directivo en el sector bancario en España en virtud de la nueva Ley sobre honorabilidad en el sector financiero, al estar investigada con carácter penal de un delito contra la Hacienda pública.

Clara Crespo, representante española en el consejo de administración del BEI y subdirectora general del Ministerio de Economía, pidió por carta al presidente de la institución un dictamen de los servicios jurídicos sobre los procedimientos internos para acordar el cese de Álvarez.

De esta manera, el Gobierno español decidía tomar la iniciativa tras la imputación de Álvarez por el caso de los ERE en Andalucía, después de que varios miembros del Ejecutivo, como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, o el ministro de Economía, Luis de Guindos, hayan apelado de forma reiterada a la responsabilidad de la exministra socialista.

En concreto, Crespo solicitó en la misiva aclaración sobre los requisitos para la adopción de los acuerdos por el Consejo de Administración y el Consejo de Gobernadores, así como sobre quién inicia el procedimiento, qué mayorías son necesarias para su aprobación y qué documentación hay que presentar.

Además, la representante española en el máximo órgano de gobierno del BEI pidió que se consulte a la Oficina de Conflictos para que se pronuncie sobre si existe un riesgo reputacional para el BEI en las actuales circunstancias.

Magdalena Álvarez asumió su cargo en el BEI en 2010 como parte de un acuerdo entre España y Portugal para rotar su representación en el Comité de Dirección de la institución. El mandato de Álvarez debería expirar en dos años, y de producirse su sustitución, el Gobierno tendría la opción de nombrar a otro representante español.