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Mateo Balín
Jueves, 29 de mayo 2014, 10:06
Teresa Alonso Álvarez, de 93 años, ha salido esta mañana a paso lento pero firme de la Audiencia Nacional. Muy feliz, acababa de contar el testimonio de su vida. El que le ha acompañado desde que era joven. Las represalias y torturas que sufrieron durante ... los años posteriores a la Guerra Civil su abuelo, su padre y sus dos hermanos. Señales marcadas a fuego en su memoria.
Es una fiesta de felicidad que me escuche un juez. Estoy muy contenta, feliz, han pasado muchos años para que llegara este día, ha declarado a la salida del tribunal, donde la juez instructora de la causa, la argentina María Servini, y de apoyo el titular del juzgado central de instrucción número cuatro, Fernando Andreu, le han tomado declaración.
La reparación moral para Teresa era que le escuchara la autoridad judicial, como hoy ha sucedido, porque después de tantos años, más de 60 desde que su familia fue represaliada, la esperanza de ver en un juzgado a todos los culpables es ínfima. Ya han muerto todos, ha afirmado.
Antes, Faustina Romeral Cervantes, de 90 años, se sentaba en la sala de declaraciones de la primera planta de la Audiencia Nacional. Al igual que Teresa, Faustina no pudo viajar en las Navidades pasadas a Buenos Aires para prestar declaración como querellantes ante la juez Servini, y por eso han comparecido ahora en el tribunal central.
Relato
Faustina ha relatado las represalias que sufrieron sus padre y ella misma en el anterior régimen. Que fue detenida junto con sus padres cuando tenía 15 años. Que mataron a su progenitor, y que su madre acabó presa por opositora. Finalmente, ella también acabó entre rejas entre 1947 y 1953.
Con estas declaraciones, la juez Servini concluyó su periplo por España, donde llegó el pasado 18 de mayo. Ha estado en el País Vasco, Andalucía y ahora Madrid. En estos días ha tomado declaración a querellantes y víctimas del franquismo dentro de la causa que instruye en su juzgado de Buenos Aires. Investiga delitos de torturas, desapariciones y asesinatos en relación con genocidio y lesa humanidad cometidos en España entre 1939 y 1975. Lo hace en aplicación de la jurisdicción universal en su pais.
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