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Mateo Balín
Martes, 20 de mayo 2014, 12:59
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, se negó primero a cerrar la muerte del periodista español José Couso en Irak y ahora lo ha hecho con el genocidio contra el pueblo guatemalteco, en el que fallecieron siete españoles.
El titular del Juzgado Central ... de Instrucción número uno se ha vuelto a rebelar así contra la reforma por vía de urgencia llevada a cabo por el Partido Popular en el Congreso, que limita a la mínima expresión la aplicación de la jurisdicción universal.
En su auto, el magistrado justifica que la nueva ley solo permitiría juzgar a los responsables por terrorismo y por los asesinatos cometidos contra españoles. Pero añade que el resto de delitos, es decir, la lesa humanidad, las torturas y el genocidio son conexos y eliminarlos de la causa desvirtuaría los hechos.
Según Pedraz, "un juez investiga hechos, no delitos", y defiende que la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula la jurisdicción universal, faculta a los magistrados a perseguir delitos conexos, por lo que a su entender está legitimado para continuar con la investigación.
Esta causa surge por la querella presentada en 1999 por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. Denunció que entre los años 1978 y 1986 el gobierno guatemalteco practicó un genocidio sistemático contra la población maya, provocando alrededor de 250.000 víctimas entre los indígenas. También fueron asesinados siete españoles, tres en el asalto a la embajada española en Guatemala el 31 de enero de 1980 y otros cuatro sacerdotes tiroteados en 1980 y 1981. Entre los imputados figuran el exgeneral golpista Efraín Ríos Montt.
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