Diego Torres: «Los servicios de inteligencia velaban por la bondad» de Nóos

En su escrito, el letrado de Torres, Manuel González Peeters, recalca por tanto que "ninguna tacha de ilicitud cabe reprochar al quehacer de mis representados, que siempre ha sido par con el ordenamiento jurídico", tal y como incide en alusión tanto a Torres como a la mujer de éste, Ana María Tejeiro, ambos imputados en el 'caso Nóos'.

El abogado hace asimismo referencia a la sentencia dictada el pasado 24 de abril por el Juzgado de Primera Instancia 46 de Barcelona, que rechazaba la demanda que presentó Urdangarin contra Torres y varios medios de comunicación por considerar vulnerado su derecho a la intimidad a raíz de la publicación de diversos correos electrónicos personales.

Al respecto, el exsocio del Duque recalca cómo "la falaz, mendaz y apócrifa versión que de la realidad preconiza Urdangarin" se ve "una vez más desbaratada por los sólidos argumentos" de esta resolución judicial.

Precisamente, González Peeters ya solicitó incluir en el 'caso Nóos' la grabación audiovisual de la declaración del Duque del 16 de julio de 2013 a raíz de su demanda, y que se incorporase a la causa una publicación en la que salían a la luz determinados correos que fueron exhibidos en aquella vista.

Unas diligencias con las que el abogado intentaba demostrar que su patrocinado, pese a defender que los hechos que se le imputan no merecen reproche penal alguno, en caso de que se llegase a concluir lo contrario, "en todo momento actuó en la confianza y creencia de que su actuación se hallaba siempre dentro de la legalidad, atendiendo a que su socio, el señor Urdangarin, estaba bajo el control y supervisión de los servicios de seguridad del Estado por ser yerno de su Majestad el Rey y marido de su hija la Infanta Cristina".

La Audiencia Provincial de Baleares, sin embargo, desestimó estas peticiones al aseverar que, pese a la confianza que le pudiera otorgar el hecho de que Urdangarin se hallaba bajo la supervisión del Estado por ser el yerno del Rey, no imposibilita que se prevaliese de esa situación para supuestamente obtener contratos de las Administraciones públicas "al margen de los procedimientos establecidos o que encubrirían subvenciones, aprovechándose de determinados eventos para malversar".

Todo ello, señalaba, para después, "utilizando sociedades interpuestas y con cruce de facturas simuladas, obtener beneficios fiscales con la consiguiente defraudación tributaria y blanquear parte de esos fondos ilícitamente obtenidos, algunos de los cuales habrían ido a parar a sociedades radicadas en paraísos fiscales".