Cristian Reino
Barcelona
Viernes, 25 de noviembre 2022, 13:35
No existe aún consenso entre los expertos sobre cuándo empezó el 'procés'. Los historiadores deberán fijar la fecha. Hay quien pone la data de arranque en el asedio de los indignados del 15-M a los diputados del Parlament, en junio de 2011. El entonces ... presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta de la Cámara catalana, Núria de Gispert, tuvieron que acceder al recinto del hemiciclo en helicóptero. Otros van aún más lejos y sitúan el inicio del desafío independentista en la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto, en 2010. Cientos de miles de personas salieron a la calle en Barcelona para protestar contra el fallo del Constitucional bajo el lema «somos una nación, nosotros decidimos». José Montilla, entonces presidente de la Generalitat, salió a la carrera de la marcha, escoltado y perseguido por un grupo de energúmenos.
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La tercera vía fija el principio del 'procés' en 2012. Hace una década. Pues no en vano, las encuestas, por ejemplo las del CEO (CIS de la Generalitat), reflejan que el aumento más considerable de apoyo a la independencia se produce a mediados de 2012. Así, en febrero de 2012, el 29% de la sociedad catalana apostaba por que Cataluña se convirtiera en un Estado independiente, casi el mismo porcentaje que los partidarios de una España federal o de una España de las autonomías. En año y medio, el porcentaje de los favorables a la secesión aumentó casi 20 puntos. Fueron varios hechos encadenados. El 11-S, tuvo lugar la primera gran manifestación independentista convocada por la ANC con motivo de la Diada. Cientos de miles de catalanes se echaron a la calle. Mas calentó la reunión con Mariano Rajoy en la Moncloa, en la que nueve días después de la multitudinaria protesta recibió un portazo a su propuesta de pacto fiscal, una suerte de concierto económico a la catalana. Al regreso a Barcelona, el 25-S, en el debate de política general convocó elecciones porque a su juicio había «llegado la hora de que Cataluña ejerciera su derecho a la autodeterminación». Las elecciones se celebraron el 25 de noviembre de 2012, dos años antes de agotar la legislatura. Hoy hace diez años.
Los analistas consideran que esa decisión de celebrar esos comicios fue el primer gran error de Mas, que luego precipitó la deriva rupturista de los años siguientes. El dirigente convergente se subió a la ola de la gran manifestación del 11-S y creyó que toda esa gente que salió en masa a la calle le votaría a él. El cartel electoral lo decía todo: el president aparecía con los brazos alzados, rodeado de un mar de 'esteladas' y 'senyeras'. 'La voluntad de un pueblo', rezaba el mesiánico mensaje. El resultado no fue el esperado por CiU. Mas llamó a las urnas con 62 escaños y se quedó en 50. Ganó, pero se dejó doce escaños en el camino. Se los dio a ERC, que venía de tocar fondo y que cambió su apoyo a la investidura por el compromiso de convocar un referéndum, que luego derivó en la consulta del 9-N de 2014.
Fue la gran equivocación estratégica de Mas, que desembocó en los años posteriores, lo más convulsos de la historia en Cataluña desde la recuperación de la democracia. De la mano de ERC, puso en marcha el 'procés'. Por el camino provocó la desaparición de CiU y su propio final político. Ahí hay un muy amplio consenso en que fue su segundo gran error: cuando a finales de 2015, la CUP se negaba a investirle, tras unos nuevos comicios, se resistió a convocar elecciones y cedió el mando a Carles Puigdemont, que puso rumbo a la colisión, con el referéndum del 1-O, la declaración unilateral de independencia y la respuesta del Gobierno central de cesar a todo el Govern y aplicar el 155 en octubre de 2017.
El 'procés' aún tiene consecuencias. Puigdemont defiende estos días en los tribunales europeos su inmunidad como eurodiputado. Y permanece huido en Waterloo, donde libra una batalla legal contra el Estado español para intentar regresar sin ser detenido como sus excompañeros de Govern, que fueron juzgados, condenados y luego indultados. Y el Gobierno y ERC han pactado una supresión del delito de sedición, cuyo primer trámite ya ha superado una votación en el Congreso.
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