El TS confirma la condena de Moral Santín

En su sentencia de 456 folios, la sala desestima el recurso interpuesto por el que fuera consejero en representación de IU que, como los otros 64 usuarios, «se retribuían a sí mismos a costa del patrimonio de la entidad, dado que cada uno disponía de lo que se le antojaba dentro de los límites máximos que se le imponían» aún sin contar con apoyo legal o estatutario alguno.

Los magistrados, de forma unánime, admiten que si bien este sistema fue iniciado por el expresidente de la entidad, Miguel Blesa, fallecido el pasado año, ello no exime de responsabilidad a Moral Santín, que en su escrito de casación pedía su absolución pues nunca tuvo la posibilidad de oponerse a la decisión de emisión y entrega de las tarjetas. Un argumento que el Supremo desmonta, tanto para él como para los otros condenados, a los que reprocha que «no tenían la obligación de utilizarla», de modo que al hacerlo, «aceptaban la participación en el plan que se les ofrecía», consumando así el delito con cada desembolso.

Al margen del exvicepresidente de la caja, la sentencia desestima los recursos de otros 40 antiguos cargos de la entidad contra el fallo dictado en febrero de 2017 por la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Entre ellos el del expresidente Rodrigo Rato, sobre el que ya pesa una condena firme de cuatro años y medio de prisión por perpetuar de forma consciente un sistema que «estaba pervertido en su origen».

También los de los exconsejeros de Caja Madrid Estanislao Rodríguez Ponga, Antonio Romero Lázaro, Francisco Baquero y Jorge Gómez, a los que ratifican los tres años y dos meses de prisión por haber mermado el patrimonio de la entidad con cargos que oscilaban entre los 98.000 y los 266.000 euros.

Se mantienen por encima de los dos años a otros nueve; no obstante, la aplicación de la reparación del daño salva de su ingreso en prisión a otros dos exconsejeros, Antonio Cámara y Francisco José Moure, y al ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj, al que los magistrados castigan ahora por un único delito de apropiación indebida en vez de los dos impuestos por la Audiencia.