Las etiquetas se comercializarán

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha dejado de enviar los distintivos ambientales que etiquetan los vehículos en función de sus emisiones, por lo que los conductores que los quieran obtener -no es obligatorio- deberán acudir a una oficina de correos provincial y abonar 5 euros.

Esta pegatina, cuya colocación en el parabrisas del vehículo es voluntaria, ha sido enviada desde mediados de 2016 a unos 4,3 millones de conductores, ha explicado un portavoz de la DGT.

Actualmente, el parque automovilístico español lo componen 34.892.479 vehículos, según datos de la Dirección General de Tráfico a 1 de diciembre de este año, lo que supone que más de 14 millones de conductores no la han recibido.

A esta cifra hay que sumar otros 16,3 millones de vehículos que, por sus emisiones, han quedado fuera de la catalogación de Tráfico y por tanto, no podrían recibir los distintivos.

El final de los envíos del distintivo ambiental ha coincidido con el anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de restringir, desde el pasado 1 de diciembre, el acceso a determinadas zonas del centro de la ciudad a los vehículos más contaminantes.

El control que ha previsto es visual, por lo que la Guardia Urbana se limitará a comprobar la pegatina colocada en cualquier sitio visible del vehículo.

Para los que carezcan de ella y les corresponda se han habilitado hasta el 15 de diciembre 30 oficinas de correos en Cataluña para su obtención.

A partir del 15 de diciembre, se ampliará la oferta de centros catalanes de Correos hasta los 70 y se extenderá a las oficinas principales de cada provincia española.

Actualmente, en la provincia de Barcelona hay 1.677.408 vehículos (el 42,9 % del parque total automovilístico) que no están contemplados en la clasificación 0, ECO, B y C.

Tras la decisión de la DGT, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha abierto una actuación de oficio para aclarar los cambios de criterio en la distribución de las etiquetas medioambientales, y ha pedido rectificaciones ante la falta de información.

En un comunicado del pasado jueves, ha considerado que la actuación de la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha caracterizado por la falta de transparencia y un aparente afán recaudatorio.

Por este motivo, ha trasladado el caso al Defensor del Pueblo, que tiene competencia para supervisar este organismo dependiente del Ministerio de Interior.

En su escrito, Ribó ha pedido información concreta sobre el motivo por el que actualmente aún no se han mandado todas las etiquetas medioambientales a los titulares de los vehículos que son beneficiarios de este distintivo.

También ha preguntado por qué motivo las etiquetas han pasado a comercializarse a través de la red de oficinas de Correos a cinco euros cuando hasta ahora la Dirección General de Tráfico las había estado enviando de forma gratuita al domicilio de los interesados esos distintivos medioambientales.

El pasado 1 de diciembre entraron en vigor las medidas de restricción de circulación que prevén que en situación de episodio de contaminación ambiental los turismos que no dispongan de la etiqueta -Zero, Eco, C y B- no podrán circular por la zona de bajas emisiones, una área de 95 kilómetros que incluye Barcelona y áreas de municipios limítrofes.