Las rentas bajas son las que más sufrirán con la prohibición del térmico

Desde su punto de vista, «las consecuencias sociales y económicas afectarán a la población más vulnerable: las rentas más bajas y los habitantes de las zonas más despobladas». La infraestructura de nuestro país no está preparada para la electrificación total del parque y el territorio español, en el que la distancia entre núcleos urbanos es mayor que en otros países más grandes, como Francia, no ayuda a su vertebración.

«Apostar exclusivamente por el coche 100% eléctrico hará que se generen zonas de sombra en la España rural», afirman, en la que parte de la población no pueda recargar su vehículo y habrá un agravio comparativo entre los habitantes urbanos y rurales. Además, en las zonas más despobladas es necesario contar con más autonomía, algo que el coche eléctrico aún no ha solucionado.

Entre las empresas que firman se encuentran los representantes de los concesionarios oficiales (Faconauto), de las estaciones de servicio (Ceees), de proveedores de automoción (Sernauto) o de recambios de posventa (Ancera).

Ellas exigen que se respete la neutralidad tecnológica, ya que supondría frenar el desarrollo de los biocombustibles, bajos o neutros en su cómputo global de carbono y compatibles con el parque móvil actual. Esto permitirán descarbonizar la movilidad a un coste menor sin obligar a cambiar de vehículo o de renovar las flotas completamente.

«Este desincentivo de la inversión», afirman, «pondrá en riesgo un gran número de puestos de trabajo, en las industrias de refinamiento y distribución de carburantes, así como en la industria auxiliar, de componentes».

Su enfoque está en la pérdida de eficiencia en el proceso de la transición energética, pero también en la pérdida de derechos en lo que respecta a la movilidad, a la calidad de vida y al poder adquisitivo de las clases media y baja. «Defender los intereses de toda la población española requiere imperativamente votar en contra del reglamento de estándares de emisiones de la Comisión Europea», sentencian.

Las asociaciones recalcan su compromiso con la descarbonización de la movilidad y la economía, así como con una transición energética que sea justa, accesible, eficiente e inclusiva para que nadie quede atrás. Por ello, demandan al Ejecutivo español que escuche a todos los sectores y que calibre el alcance de sus decisiones. También instan a las administraciones española y europea para que velen por el cumplimiento del principio de neutralidad tecnológica. «La única forma de diseñar una transición energética justa y eficiente es que prevalezca la tecnología frente a la ideología», concluyen.