El Perte abrirá su convocatoria el 1 de abril con hasta 2.975 millones

Así, el plazo establecido para presentar las solicitudes será del 1 de abril hasta el 3 de mayo. La cantidad se distribuirá, entre los años 2022 y 2023, con un máximo de 1.550 millones para subvenciones y 1.425 millones en forma de préstamos, con plazos de amortización de 10 años, tres años de carencia e interés del 0%.

Después de más de tres meses de retraso, el Ministerio de Industria ha publicado hoy en el BOE, la convocatoria de esta iniciativa, de la que dependían proyectos de calado como la construcción de una fábrica de baterías en España o la adjudicación de modelos cero emisiones a plantas como VW Landaben o Seat Martorell.

El principal motivo de la demora fue la modificación de uno de los artículos de las bases anteriores, presentadas el 23 de diciembre de 2021, que obligaba a que un 30% de cada proyecto tractor estuviera compuesto por pymes, para evitar beneficiar exclusivamente a grandes corporaciones y modernizar más homogéneamente el tejido industrial.

Ahora, se ha redactado con que «un mínimo del 30% de la ayuda deberá beneficiar a pymes», teniendo en cuenta que ya no necesitan estar dentro de la iniciativa per se, sino que pueden ser directamente contratadas por las empresas de la agrupación, multiplicando el importe por la intensidad de su participación.

Las ayudas del Perte se articulan en tres grandes bloques: operaciones industriales, con un mínimo de 500.000 euros financiables para equipos originales, baterías y «otros componentes esenciales»; sistemas para el vehículo conectado y de recarga, con un mínimo de 100.000 euros y, finalmente, economía circular, digitalización y formación, sin umbral mínimo.

Las reacciones a la convocatoria no se han hecho esperar por parte de las asociaciones sectoriales. La que defiende los intereses de los vendedores y talleres, Ganvam, instó en un comunicado a que la ministra de Industria explicase «cómo beneficiará el Perte a la cadena de valor si excluye las actividades de intermediación» en sus bases.

Para el presidente de la agrupación, Raúl Palacios, utilizar la subcontratación para poder llegar al 30% de participación de pymes supone un agravio para aquellas que no tienen trato con las grandes corporaciones, y «pone en riesgo al 40% de las 57.000 pymes del sector».