La cúpula de Volkswagen estima «uno o dos años» para «enderezar la situación» mientras los empleados protestan por el cierre de plantas

Mientras tanto, unos 25.000 empleados se han reunido en la sede de la compañía en la ciudad norteña de Wolfsburgo para hacer llegar sus reclamaciones tanto a la dirección del grupo como al Gobierno de coalición del socialdemócrata Olaf Scholz.

«Todavía tenemos un año, quizá dos, para enderezar la situación. Pero tenemos que aprovechar este tiempo», ha asegurado el director financiero de Volkswagen, Arno Antlitz, para añadir que la compañía «lleva años» gastando más dinero del que se gana, una estrategia que no es sostenible «en el largo plazo».

El consejero delegado de la automovilística, Oliver Blume, en plena lucha contra la desaceleración de la demanda de coches eléctricos y ante la llegada de la competencia china, ha defendido estos planes y dice estar dispuesto a llevarlos a cabo en un claro envite contra los sindicatos en el país.

Estas palabras de Blume han soliviantado a la principal unión de trabajadores de Alemania, IG Metall, cuyo principal objetivo aseguran que es mantener el mayor número de puestos de trabajo posible en las plantas y salvaguardar las condiciones laborales de la mayor economía de la zona euro.

Asimismo, Daniela Cavallo, presidenta del comité de empresa, ha afirmado que la culpa de la crisis de Volkswagen es de la dirección, no de los empleados argumentando que no debe haber cierre de fábricas, ni recortes salariales sino que la compañía debería afrontar una ampliación de la seguridad laboral de los empleados.

Un portavoz del Gobierno de Scholz ha confirmado que no interferirán en el proceso de negociación ya que esta es una crisis que le corresponde solventar a la propia empresa desde dentro. La canciller tiene clara la importancia de la compañía como una de las mayores empresas de la industria del automóvil y dice ser consciente del desafío de transformación al que se enfrenta toda la industria.

Sin embargo, el ministro de Economía, Robert Habeck, ha admitido en las últimas horas que deben tomarse medidas para garantizar que Alemania siga siendo un importante productor de automóviles. Entre las últimas actuaciones, el Ejecutivo germano ha aprobado un paquete de incentivos a la compra del coche eléctrico, entre los que se contempla una reducción de impuestos por un importe medio anual que, según los cálculos del Ejecutivo de Olaf Scholz, será de hasta 465 millones de euros entre 2024 y 2028.

A partir de ahora, las empresas podrán deducirse hasta el 40% del valor de los vehículos eléctricos y de cero emisiones recién adquiridos de la declaración de impuestos durante el año de compra, cifra que se irá reduciendo progresivamente hasta alcanzar 6% al final del ciclo proyectado para antes de final de década.

En este contexto, Berlín asevera que esta no es solo una crisis laboral, sino que la estabilidad de Volkswagen es «vital» para asegurar las cadenas de suministro automovilísticas europeas en un momento de fuerte competencia con la irrupción de las marcas chinas en los mercados comunitarios y las guerras comerciales abiertas con Pekín, a la espera de lo que pueda suceder con respecto de Estados Unidos ante el resultado de las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre.

Desde 1998 Volkswagen no ha cerrado ninguna fábrica, fue entonces cuando clausuró la planta en Westmoreland en Estados Unidos.

Sin embargo, la situación de la compañía ha cambiado en los últimos meses. En julio, el grupo admitió estar valorando cerrar la fábrica de Audi en Bruselas (Bélgica) ante la caída de la demanda de coches eléctricos de alta gama.

En estos momentos la marca de los cuatro aros valora la posibilidad de adelantar el fin de la producción en la capital europea de sus modelos Q8 e-tronic tras registrar una caída de la demanda de los pedidos de vehículos eléctricos y los «desafíos estructurales» del emplazamiento por los elevados costes de fabricación en el territorio.

Por su parte, Volkswagen admitió entonces que los costes de darle un uso alternativo a la planta o incluso de su clausura podrían tener un impacto de hasta 2.600 millones de euros en los resultados financieros del grupo en 2024.

Tras la primera fase de reestructuración, según informan los sindicatos, hasta 1.500 empleados, es decir, la mitad de los trabajadores de Audi en Bruselas, podrían perder sus puestos de trabajo.