El automóvil pide aterrizar la ayuda europea con un plan de 450 millones al año

En su discurso, Sánchez prometió que en 2023 habrá 250.000 vehículos eléctricos de todo tipo (hoy hay 90.500) y 100.000 puntos de carga (frente a 8.000 actuales), dos metas difíciles de alcanzar, según fuentes del sector. Para acercarse a ellas, Anfac propone un Plan Moves III con 450 millones anuales de dotación de los que 250 millones se destinen a vehículos eléctricos y 200 millones a infraestructuras. El actual Moves II, aprobado en julio, está dotado con 100 millones.

Anfac propone un plan sostenido para el achatarramiento de vehículos de mayor antigüedad, que idealmente debe ser superior en volumen a las matriculaciones de vehículos nuevos, un fenómeno que no se ha conseguido desde 2013. Avisa además de que el parque circulante se reducirá, además, por la estabilización de las matriculaciones en el entorno de 1,3 millones de unidades «debido al cambio en las tendencias, que prefieren el uso a la compra, y al envejecimiento de la población».

En cuanto a los puntos de carga, la asociación propone fijar objetivos intermedios de instalación, con 48.000 puntos de recarga de acceso público para el 31 de diciembre de 2022, donde, al menos, exista uno por cada 100 kilómetros de carretera de la Red Básica de Carreteras y Red General de Carreteras del Estado. Para el 31 de diciembre de 2025, deberían haberse instalado 110.000 puntos de recarga de acceso público, para así alcanzar los necesarios 340.000 puntos para 2030, dice la asociación.

«Dentro de estos objetivos a su vez se deberá priorizar la instalación de los puntos de recarga rápida y ultrarrápida. Todo esto ha de ir acompañado de un sistema de información público al respecto de los puntos de recarga públicos y privados accesibles al público y que garanticen la interoperabilidad, que ha de ponerse en marcha antes del 31 de diciembre de 2020», dicen desde Anfac.

La patronal automovilística reclama además «dotarnos de una herramienta destinada a empujar la renovación del parque», y urge a efectuar «una reforma integral de la fiscalidad de la automoción como elemento necesario para empujar esta transformación», algo que el Ejecutivo se comprometió a abordar a partir del año que viene en su Plan de impulso a la cadena de valor de la automoción. Y avisa: «Si no hay cambios (en el impuesto de matriculación), subiría el 1 de enero de manera automática (por el impacto de las nuevas pruebas de emisiones WLTP) e incrementaría de facto los precios de los vehículos vendidos a partir de esa fecha. Este ascenso en los precios afectaría a cerca del 50% del mercado total, con un impacto especial a los vehículos fabricados en España».