Una propuesta con altos costes de financiación

El 2024 terminará con un alivio de las existencias de al menos 80 millones de litros, que se suman a los 10 en que bajaron los 'almacenes' en 2023. Buenas cifras, pero para alcanzarlas han sido necesarios unos 80 millones de euros en ayudas públicas para financiar destilaciones y cosecha en verde fundamentalmente, pero lo que más ha ayudado es una cosecha especialmente corta en producción y nada se sabe de la carga que pueden traer las viñas este año.

Así las cosas, la situación no está ni mucho menos resuelta, pese a que incluso a final de año se puede registrar un ligero aumento de ventas –ayer el Consejo informaba de que la retirada de contraetiquetas, a falta del dato definitivo, ha mejorado un 2%–. De hecho, el plan de medidas para el equilibrio aprobado ayer en el pleno precisa de una importantísima inyección económica por parte de las Administraciones públicas para su cumplimiento, y eso no es competencia del Consejo Regulador. En este sentido, el arranque es, por ahora una declaración de intenciones. Bruselas va a empezar a estudiar el asunto a raíz de las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel, mientras que el Ministerio de Agricultura no ha sido especialmente sensible hasta ahora con este asunto, si bien hay problemas, y serios, en muchas regiones productoras del mundo.

Está claro que si hay opciones de primar los arranques no sería factible como mínimo para 2026 y, de hecho, el acuerdo de ayer sigue reclamando a las Administraciones públicas su apoyo económico no sólo en este punto. En primer lugar, con la cosecha en verde, que parece más que necesaria, y se siguen reclamando también fondos para destilación. Asimismo, en el acuerdo, que incluye el nuevo presupuesto para este año, se ha incluido una partida de 300.000 euros que el Consejo quiere que aporten las tres Administraciones de la DOCa, La Rioja, Álava y Navarra, aunque, por el momento, más allá de los contactos más o menos informales, no hay confirmación real.