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El caso de las 20 hectáreas de Clavijo fue la punta del iceberg del reparto de nuevas plantaciones de viñedo en los años 2016 y 2017 por la Consejería de Agricultura. De las 839 hectáreas adjudicadas en esos dos años, la mitad se solicitaron de forma fraudulenta, según constató el departamento que dirigía Íñigo Nagore tras inspeccionar de oficio los expedientes de adjudicación de ambos ejercicios, es decir, tras comprobar si lo que decían inicialmente los solicitantes era cierto en realidad.

En estos casos en que se demostró la pretensión fraudulenta, el viñedo, si se llegó a plantar, acabó siendo arrancado, anulada la autorización concedida si no llegó a ejecutarse o renunciada por el propio interesado tras las inspecciones de la Consejería.

El problema de los repartos de plantaciones del 2016 y 2017 se remonta a un cambio de normativa europea y a los criterios marcados por el Ministerio de Agricultura. Por primera vez, se dio prioridad de acceso a las explotaciones agrarias sin viñedo en lugar de a los viticultores profesionales como venía siendo habitual. Además, el sistema de reparto era perverso al estar basado en el prorrateo, de forma que quien más tierra disponible acreditaba para plantar más plantaciones de viñedo recibía.

Muchos viticultores utilizaron terceras personas (familiares o amigos) que, sin actividad agraria cierta ajena a la viticultura, se postularon como solicitantes, cuando estaban actuando como meros 'testaferros' porque quienes estaban detrás de las solicitudes eran en realidad viticultores sin acceso por normativa.

La Consejería de Agricultura, tras hacer pública la lista de reparto de las adjudicaciones de viñedo de 2016 y ante el fuerte rechazo social porque el 2% de los solicitantes se quedaba con el 30% del nuevo viñedo, decidió iniciar un proceso de revisión de oficio y que luego continuó también con los repartos que resolvió en 2017.

El problema se solucionó a partir de 2018, cuando el Ministerio de Agricultura accedió a cambiar los criterios y se vuelve a primar, además con límites máximos, a los viticultores y especialmente a los jóvenes. Ahora bien, como sobrevino la crisis en el sector que, aún se arrastra, se decidió paralizar procesos de nuevas plantaciones, por lo que no ha habido nuevos repartos.