Las OPA y los 'chalecos' preacuerdan prohibir el vino de mesa y estudiar arranques de viña

Fue la Asociación de Bodegas Familiares –que hace unos meses dio un portazo al abandonar la mesa del Consejo Regulador en desacuerdo con una política, según señalaban, enfocada hacia la cantidad y no la calidad de los vinos– la primera que puso sobre la palestra la necesidad de un arranque financiado, voluntario y selectivo (en los peores suelos) para hacer frente a la crisis de existencias de vino, como ya se está ejecutando en algunas zonas vitivinícolas francesas.

Una semana después, en una jornada celebrada en San Vicente, el sindicato UPA habló también abiertamente del arranque de viñedo, al igual que Juan Luis Cañas, representante de las bodegas alavesas adscritas al grupo de exportadores Araex, mientras que por su parte la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) ya había llegado a plantear esta cuestión en el Consejo Regulador, pero sin que el organismo hubiera querido abrir el debate. La rebelión de los 'chalecos amarillos', que se levantaron incluso contra de sus sindicatos agrarios, ha servido para que ARAG-Asaja y UAGR –que este martes mismo incluía el arranque entre sus propuestas para la negociación tras reunir a su comisión del vino– se sumen a esta opción que, ahora sí, llegará a las mesas de discusión.

En cuanto al vino de mesa, el documento pactado -que se consultará organización por organización con sus asambleas o directivas- aboga por la prohibición del «destino de vino de mesa de la DOCa Rioja, tanto para la transformación como para la elaboración». Tal y como informaba Diario LA RIOJA este pasado domingo, el Consejo Regulador ha dado cobertura durante los últimos cuatro años (desde 2020), desde que comenzó a reducir las producciones amparadas para hacer frente a la crisis, a la transformación de 40 millones de litros de vino de mesa, creando un negocio paralelo a la medida de algunos operadores.

El acuerdo incluye también reclamar la exclusión de las hectáreas que las bodegas (cuando tienen sociedades de viñedo con NIF diferente) aportan al proceso de acreditación en la Interprofesional del sector productor -UPA llegó a denunciar judicialmente que ARAG-Asaja era la beneficiada en este proceso por la transmisión casi automática de hectáreas de las grandes bodegas-. Asimismo, exige que el cumplimiento de la ley de la cadena se cifre en un pago mínimo, no ya por kilo de uva, sino de rendimientos por hectárea, al tiempo que los representantes de los viticultores piden que la bodega que no respete esa cifra no tenga acceso a subvenciones. Las OPA y los chalecos amarillos estiman ese mínimo de coste de produccióon en 4.400 euros por hectárea.

Otros aspectos importantes del preacuerdo son el mantenimiento de las ayudas a la cosecha en verde y a la destilación, con favorecimiento de forma expresa «a pequeñas bodegas frente a las grandes», y un mayor control de calidad de los vinos a precios bajos por parte de los Servicios Técnicos del Consejo Regulador.

El único punto que no se ha cerrado -Asaja ha pedido tiempo para consultarlo internamente- es que en las próximas elecciones a la Interprofesional y al Consejo Regulador el voto de delegación de los viticultores sea secreto y no como hasta ahora.