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Viernes, 8 de noviembre 2024, 11:23
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«No hay nada que celebrar, el daño reputacional ya está hecho». Con estas palabras ha valorado esta mañana el director general del Consejo Regulador, José Luis Lapuente, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anula la inscripción en el registro comunitario de la DOP Viñedos de Álava y que, presumiblimente, pone fin a un conflicto que se ha prolongado durante ocho años.
Lapuente, acompañado de la jefa jurídica del Consejo Regulador y propia letrada del proceso judicial, Marian Nalda, ha lamentado la persistencia de ABRA y del propio Gobierno Vasco en mantener viva una iniciativa que desde el primer momento, a juicio de la institución rectora del vino de Rioja, no tenía encaje en la normativa comunitaria: «Personalmente -añadió Lapuente-, es un tema que me entristece porque hemos dedicado esfuerzos ingentes que podíamos haber empleado en otras prioridades, no sólo desde el punto de vista administrativo y judicial, sino también contestando y contextualizando preguntas, especulaciones y tergiversaciones allá donde fuéramos, tanto a nivel nacional como internacional». «Es decir -agregó-, se ha hecho mucho ruido con esto y quien ha perdido es la DOCa Rioja».
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Nalda, por su parte, insistió en que «no tenemos nada que celebrar» y recordó que, «al margen de procedimientos penales por fraudes por ejemplo, es la primera vez que el Consejo Regulador demanda a alguien, a una asociación y a un gobierno autonómico que participan en la propia institución, por lo que no ha sido un asunto agradable». La abogada recordó la principal conclusión de la sentencia: «Viñedos de Álava no cumple los requisitos para se inscrita en el registro comunitario de denominaciones de origen».
Marian Nalda repasó los fundamentos principales del fallo del TSJPV y destacó que el informe encargado al Ministerio de Agricultura, que se posicionó claramente en contra de la nueva DOP Viñedos de Álava, ha sido clave. «La sentencia reproduce prácticamente el completo dicho informe y la conclusión es clara: Viñedos de Álava, nos guste más o nos guste menos, no es legal». En este sentido, tal y como informó ayer Diario LA RIOJA, la Justicia vasca considera que los vinos de la nueva DOP serían los mismos que ya existen de Rioja Alavesa, que se podría inducir a error al consumidor y que pudiera haber un aprovechamiento de la marca preexistente, 'Rioja Alavesa', por parte de Viñedos de Álava.
La letrada recordó también que otros dos informes de terceros aportados por el Consejo Regulador, de un catedrático y de una doctora de la Universidad de La Rioja (UR) han sido también claves en el pronunciamiento favorable: «Los expertos argumentaban que la inscripción de la DOP tendría un efecto reputacional negativo para Rioja, cuando es la misma zona geográfica y la misma uva, y que podría causar un perjudicio económico si se autorizaba la protección nacional transitoria» [la posibilidad de etiquetar vinos como Viñedos de Álava mientras se tramitada la inscripción]. «El TSJPV -añadió Nalda- hace suyos los argumentos en la sentencia que, desde luego, ha sido contundente».
Pese a insistir en que «el daño ya está hecho», Lapuente descartó abrir un nuevo frente judicial de reclamación del mismo a ABRA o al Gobierno Vasco: «Se puede reclamar todo, pero el Consejo mira hacia adelante. Es un poco kafkiano que ABRA, mientras impulsaba Viñedos de Alava ha seguido participando en la institución, en todas las reuniones y recibiendo toda la información. Esto no va de quién paga la fiesta, aunque si creó que hay que dejar claro que existe un coste».
El director general del Consejo, a preguntas de los periodistas, confirmó que el presidente de la institución, Fernando Ezquerro -ausente en la rueda de prensa- sí había hablado con la consejera de Agricultura vasca, Amaia Barredo, quien le dijo que tenían que analizar la sentencia. Lapuente aclaró en cualquier caso que « ahora hay una relación más fluida que antes», mientras que con quien no se ha hablado al menos hasta hoy es con ABRA. Tanto el Ejecutivo vasco como la asociación bodeguera pueden recurrir la sentencia en el plazo de un mes ante el Supremo.
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