Logroño, con la zona de bajas emisiones por dibujar

Logroño aún no tiene un mapa de lo que vaya a ser su zona de bajas emisiones. Las capitales vecinas, las de más de 50.000 habitantes, que son las que están obligadas por ley a disponer de una zona de bajas emisiones, disponen, en general, con sus proyectos en trámite y de sus ordenanzas en proceso de aprobación, aunque no faltan quienes en su momento adaptaron espacios restringidos con los que ya contaban.

En Logroño, esta labor, la de redacción del proyecto y la ordenanza, debe hacerla a partir de ahora la unión temporal de empresas formada por Tema Ingeniería, S.L. e Iplan Movilidad, S.L., con quien el Ayuntamiento acaba de firmar un contrato de 34.969 euros (IVA incluido), después de un proceso de licitación al que se presentaron cinco aspirantes más.

Hubo, hace un tiempo, cierta idea sobre la delimitación logroñesa. De hecho, se instaló un sistema de control de matrículas que empezó a funcionar el 1 de noviembre de 2021 para restringir la circulación por varias calles del centro histórico, entre la avenida de Viana, junto al puente de Piedra, y Sagasta, una zona que ya era peatonal.

En la práctica, el método suponía ampliar el sistema que ya se estaba usando en Portales y en Bretón de los Herreros y limita el acceso a toda clase de vehículos, excepto a residentes, clientes de hoteles y parkings, policía, ambulancias, taxis, vehículos de servicios...

Se suponía que era una primera parte de un total que se iba a completar con la otra mitad del centro histórico, de Sagasta al Revellín. En diciembre de 2022, a la vez que los fondos para San Antón, se anunciaron dineros europeos para otras 26 cámaras con su sistema de identificación de vehículos -y también para otras 50 de vigilancia.

Pero no, estas cámaras no se instalaron. Siguen sin ponerse ni unas ni otras y no se delimitó zona alguna y, ahora, la unión temporal de empresas tendrá que redactar el proyecto y la ordenanza que luego se tramiten en el ámbito municipal.

Entre los medios adicionales que la unión temporal planteaba en su oferta al Consistorio figuraban un especialista ambiental, un especialista en comunicación y un especialista en diseño técnico, decía el mismo Ayuntamiento cuando anunció la adjudicación.

La mesa de contratación tuvo en cuenta que, además, se hablaba de proceso participado, de entrevistas presenciales, encuestas telefónicas, de talleres participativos..., así como de colocar el límite de la ZBE en vías principales donde se puedan identificar claramente los accesos a las zonas restringidas, de alternativas de transporte sostenible y de un periodo de aviso de dos meses en el que se avise pero no se sancione.

«Lo que tengo claro es que Logroño, con los indicadores que tenemos, no es una zona especialmente conflictiva. Todo Logroño. Otra cosa es que haya que cumplir la ley y establecer la mejor ubicación, pero nuestra calidad del aire es alta, nuestro nivel de ruido es razonable, partimos de mejor posición que Bilbao», contaba en una entrevista el alcalde, Conrado Escobar, cuando entraba en vigor la ZBE de la capital vizcaína, hace unos días.

Antes, su portavoz, Celia Sanz, ya había advertido que los indicadores medioambientales logroñeses se encuentran a buen nivel, de hecho, al 76% respecto a la media requerida, y que las restricciones al paso del tráfico rodado solo se adoptarán en el caso de que los indicadores así lo aconsejen.

Como a estas alturas ya es más que evidente, la capital se ha tomado este asunto con mucha calma. La obligación de establecer una zona de bajas emisiones en el caso de los municipios mayores de 50.000 habitantes entró en vigor hace 552 días (enero de 2023) y la prórroga que se estableció para que los que ya la tenían la adaptaran a las nuevas pautas de la ley del cambio climático ha terminado esta misma semana. De los 151 municipios afectados por la obligación, están al día un total de 23.

La capital riojana se está manejando dentro de los plazos que estableció la orden ministerial TRM/1422/2023, del pasado 30 de diciembre, que modificó los criterios para evaluar el cumplimiento de este compromiso por parte de los ayuntamientos. Por esta regla de tres, cuenta tener en el primer trimestre de 2025 el proyecto y la ordenanza para su tramitación. No en vano, las firmas adjudicatarias cuentan con ocho meses para realizar su labor, recordaba ayer el concejal de Movilidad, Ángel Andrés.

Si medios nacionales se referían esta semana a una investigación abierta por el Defensor del Pueblo, con peticiones de información a ayuntamientos que van muy retrasados en sus proyectos o a los que, ya disponiendo de uno, querían dar marcha atrás o a otros que ni siquiera habían empezado sus trámites, Logroño no ha recibido esta llamada, según confirmaba el concejal responsable, tranquilo, señala, por encontrarse dentro de los plazos prefijados, insistía.

También estos días, los ministerios de Transportes y para la Transición Ecológica han ido advirtiendo a las zonas de bajas emisiones cosméticas, las que se ponen en marcha poco más que para cubrir el expediente, que podrían exigir la devolución de los fondos europeos que se han usado para poner en marcha estas zonas, la mayoría de las veces para sistemas de cámaras inteligentes- si al final no se cumplen los objetivos últimos que se buscaban.