Los responsables de The Hangar estudian pedir en el juzgado la suspensión del cierre

Según esta fuente, el Ayuntamiento tenía de plazo hasta el 18 de abril para contestar el recurso potestativo de reposición (el último recurso posible en vía administrativa, antes de la vía judicial) que se interpuso a la resolución sancionadora que se estipuló, pero todavía no lo ha hecho.

Las resoluciones de los procedimientos sancionadores no pueden ejecutarse mientras no sean firmes en vía administrativa, mientras quepa algún recurso en vía administrativa, es decir, que mientras no resolviesen el recurso no podía ejecutar la sanción de clausura del local, ha indicado el letrado de la firma Second Floor, S.L., titular de la discoteca The Hangar, Ángel Íñiguez. Además, la resolución aún puede recurrirse en vía judicial, que, previsiblemente, concederá la medida cautelar de suspensión inmediata del cierre temporal, ha alegado también.

El cierre ordenado por la administración local responde a un segundo expediente por ruidos abierto al establecimiento. El abogado ha recordado que hubo uno en agosto de 2022 y que el procedimiento caducó por no resolverse y notificarse en el plazo máximo de tres meses.

Sin embargo, este expediente volvió a reabrirse en marzo de 2023. La resolución sancionadora del procedimiento se notificó el 3 de junio: se impuso una multa de 5.000 euros y una clausura temporal de tres semanas por la comisión de diecisiete presuntas infracciones de ruidos, ha mencionado Íñiguez.

«La resolución sancionadora está recurrida ante el juzgado y ahora nos encontramos en fase de práctica de prueba pericial. En su momento (julio de 2023) el juzgado estimó la medida cautelar de suspensión del cierre temporal, pero la empresa decidió, dadas sus previsiones económicas, desistir de la medida cautelar y cumplir con la orden de cierre desde mediados de julio hasta la primera semana de agosto de 2023», ha explicado.

Este segundo expediente sancionador se abrió en agosto de 2023. Caducó y se reabrió, simultáneamente, en diciembre, según sus datos. El 18 de febrero se notificó la resolución sancionadora, que impuso una multa de 12.000 euros y de clausura temporal durante tres meses por la comisión de ocho presuntas infracciones de ruidos. «Inicialmente, se incluyeron diez, pero se expulsaron dos actas de medición que no estaban firmadas por los agentes de la Policía, lo que las vició de nulidad», ha concretado.

«De esas ocho, hemos alegado que, en todas ellas se han aplicado inadecuadamente los factores de corrección de los componentes tonales, lo que eleva la medición denunciada; que en cuatro aparecen firmas diferentes de un agente identificado con el mismo número; y que en dos, además, el ruido de fondo supera al valor medido, lo que invalida la medición», indica la representación de la propiedad.

«Frente a la resolución sancionadora se interpuso recurso potestativo de reposición (el último recurso posible en vía administrativa, antes de la vía judicial) y el Ayuntamiento tenía de plazo hasta el 18 de abril para contestarlo, pero todavía no lo ha hecho y, mientras no resolviesen el recurso, no se podía ejecutar la sanción de clausura del local. Además, la resolución aún puede recurrirse en vía judicial, que, previsiblemente, concederá la medida cautelar de suspensión inmediata del cierre temporal», como ya sucedió en el primer procedimiento, argumenta el abogado.