Un resolución con «criterios objetivos» que volvieron a ser recordados al gobierno de Escobar en julio

Las bases reguladoras del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano en el marco de los fondos 'Next Generation' estaban claras. El Ayuntamiento de Logroño las aceptó cuando optó a ello y, por tanto, desde el Ministerio se recuerda que es ese mismo Ayuntamiento de Logroño quien tras el cambio en la Alcaldía no quiere hacerlo, lo que evidentemente tendrá consecuencias.

Al respecto, el director general de Estrategias de Movilidad del Ministerio, José Alfonso Gálvez, preguntado por el caso de la capital de La Rioja, defendía los criterios «objetivos» desarrollados por el comité técnico, que «lo forman los propios funcionarios del Ministerio», para rechazar las alegaciones del actual ejecutivo municipal. Así, tal resolución definitiva «es el resultado de la aplicación de los criterios de las bases para la modificación de alcance que había solicitado el propio Ayuntamiento de Logroño».

«Sus resultados son producto de la evaluación que hace el comité técnico, que lo forman los propios funcionarios del Ministerio y, por tanto, es un mecanismo objetivo, tanto como que sus criterios están recogidos en las propias bases de la convocatoria y los cuales, además, fueron transmitidos al propio Ayuntamiento de Logroño en la reunión que celebramos con ellos a principios de julio en el Ministerio», explicó.

Gálvez, además, quiso dejar claro que «estas ayudas de fondos europeos tienen una responsabilidad vertical, desde la propia UE hasta Logroño como beneficiario, y que, por tanto, exigen unas obligaciones de cumplir todas las condiciones que la concesión de las ayudas conlleva». Por ello, en el caso de la capital de La Rioja, «está la imposibilidad por parte del Ministerio de poder estimar esta modificación de alcance solicitada, puesto que no existe una causa sobrevenida».

Este jueves, día de reacciones, también se ha pronunciado el eurodiputado socialista César Luena. «Le recuerdo al Ayuntamiento de Logroño que tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea ya habían apercibido seriamente su actuación unilateral y advertido de las posibles consecuencias. Deben corregir su error. O asumir las responsabilidades políticas de su mala gestión», escribía en redes sociales añadiendo a este periódico que la comisión de peticiones «acordó mantener abierta una investigación y dejó claro que si los fondos no se ejecutaban bien, habría problemas».

Ahora mismo, en cualquier caso, los proyectos se encuentran en plazo de ejecución, que vence el 31 de diciembre tras la prórroga de un año concedida. Después de esa fecha, en principio, llegará el plazo de justificación de los mismos y el momento en que, tal y como ha recordado el grupo municipal del PSOE, «el ministerio aclare cuál es el grado de ejecución y si corresponde a la solicitud inicial, e impondrá la devolución que corresponda, incluso las sanciones».

Son días clave, sí; de hecho, el propio alcalde, Conrado Escobar, remitió a los medios de comunicación a las próximas semanas para dar cuenta de los pasos que se irán dando por parte del Ayuntamiento. Para la vía judicial ante la Audiencia Nacional, por cierto, hay un plazo de dos meses.

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