Radiografía de una cárcel que desafía el límite de su capacidad

Sobrepoblación, falta de personal, escasos medios de seguridad... es el caldo de cultivo para los conflictos en el interior de la cárcel de Logroño. Intramuros, los funcionarios tienen que bregar a diario con los nuevos modelos de delincuencia y con la presencia de cada vez más internos con problemas psiquiátricos. Esta misma semana, uno de los internos del centro penitenciario de Logroño era hallado muerto. Los trabajadores encargados del primer recuento de la mañana, el de las 08.00 horas, se encontraban el cuerpo sin vida de un hombre de 49 años, nacido en Vitoria, en su celda. No es la primera vez. En abril de 2020 y en mayo de un año después, trascendían otros dos luctuosos hallazgos.

El sindicato Acaip-UGT denunciaba públicamente también esta misma semana el trasiego de teléfonos móviles en la cárcel, que en ocasiones se cuelan a través de drones, y ponía cifras a una tendencia peligrosa sin duda al alza. En los últimos cinco años, sólo en Logroño se han introducido 96 dispositivos, 37 de ellos en 2024. Los terminales son cada vez más pequeños, están fabricados con componentes plásticos para escapar a los detectores de metales y acaban en manos de internos peligrosos que pertenecen a bandas organizadas o han sido condenados por violencia de género que, por seguridad, tienen restringidas las comunicaciones. Disponer de estos dispositivos no sólo les permite continuar con su actividad ilegal, sino que también son fuente de conflictos y de deudas entre reclusos que en ocasiones se saldan de forma violenta.

El de los móviles es sólo uno de los frentes con los que tienen que bregar, prácticamente a diario, los funcionarios de prisiones, pero no es el único. La entrada de droga es otro caballo de batalla. De hecho, en Acaip-UGT reclaman desde hace tiempo que la unidad canina antidroga de la Guardia Civil intervenga con más regularidad en el centro, porque en la práctica, dicen, «se ha demostrado un instrumento muy eficaz para combatir la entrada de drogas en la prisión».

En la base de todos los problemas que, según los sindicatos, sufre la cárcel logroñesa está la falta de personal para atender a una población reclusa que, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, no para crecer. En marzo pasado, en el centro había 351 reclusos –289 de ellos cumplían condena y 62 estaban en prisión preventiva–, la cifra más alta de los últimos años. Lo que no cambia es el número de celdas, 283. Las cuentas no salen, de ahí que muchos de los calabozos sean dobles, lo que caldea aún más el ambiente carcelario, y se haya superado con creces el límite de su capacidad.

Las condiciones de trabajo no son atractivas. En lo que denominan interior, es decir, en contacto con los presos, están unos 90 funcionarios V1, 11 o 12 por cada una de las ocho guardias, aunque a efectos estadísticos también computan los funcionarios V2, que están en puestos separados de los módulos y se encargan, entre otros cometidos, de abrir y cerrar las puertas. De los funcionarios que llegaron a La Rioja en el último concurso de traslados, más de la mitad ya se han ido.

A la escasez de plantilla, según denuncian desde el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm), se suma que la categoría con la que está clasificada la cárcel de Logroño no se corresponde con el tipo ni con el número de reclusos que cumplen condena. En realidad, la riojana es una prisión de categoría 3 encuadrada dentro de los Centros de Inserción Social (CIS), en la que, en teoría, sólo tendría que haber internos en tercer grado, es decir, condenados que ya disfrutan de semilibertad y sólo regresan al centro a dormir.

A tenor de las críticas de los sindicatos, la categoría teórica no tiene nada que ver con la práctica. En la comparativa con otros centros, la penitenciaría de Logroño tampoco saldría bien parada, porque otras instalaciones con un rango superior, como las de Burgos y Cáceres, albergan a menos internos. Incluso Soria, una prisión con capacidad para 1.000 penados, sólo tendría tres módulos abiertos.

La Rioja tiene, además, el hándicap del País Vasco, comunidad que tiene transferidas las competencias penitenciarias. Desde el traslado masivo de los presos de ETA a sus cárceles, muchos de los reos comunes que cumplían en Zaballa (Álava), Martutene (San Sebastián), en Basauri (Bilbao) y también en Navarra fueron enviados a Logroño. Antes, la política de acercamiento convirtió el centro logroñés en el mayor refugio de etarras del país. Entre ellos, Arkaitz Goikoetxea, condenado a 133 años de cárcel por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Calahorra; y Ainhoa Múgica, que cumplía 18 años de cárcel por el atentado de la Torre de Logroño, que no provocó daños personales pero sí descomunales destrozos en el centro de la capital valorados en cerca de dos millones de euros. A nivel penitenciario eran presos que no daban problemas, aunque sí suponían una mayor carga burocrática y administrativa. Aquello se acabó, pero de vuelta llegaron lo que se llaman internos progresados, es decir, que posiblemente hayan estado en primer grado en otros centros y para trasladarlos los progresaron a segundo. De hecho, en Tampm calculan que entre el 50 y el 60% de la población reclusa procede de las vecinas País Vasco y Navarra.

El centro penitenciario de Logroño «no está acondicionado a la delincuencia actual», apuntan en Tampm. La cárcel de La Rioja data de 1984 y tiene una arquitectura «totalmente desfasada», es decir, que no está acorde con la delincuencia del siglo XXI. Tiene poca seguridad, una plantilla escasa y no dispone de suficientes medios de seguridad, como pueden ser cámaras y monitores. Si se juntan todos estos ingredientes, «nos encontramos con un éxodo total de funcionarios que cambian de destino» y con un incremento de las agresiones entre internos, pero también a funcionarios, que, además, no son considerados agentes de la autoridad. «No somos agentes de la autoridad, tenemos que ir a un juzgado, decir que somos funcionarios, que nos han agredido y entonces sí nos pueden considerar como tal, pero primero tienes que demostrar lo anterior».

La prisión logroñesa cuenta con ocho módulos, aunque en tres de ellos se concentra el 80% de la población reclusa. Algunas de estas secciones, en las que conviven entre 80 y 90 internos, son atendidas por tan sólo dos funcionarios. Y para más 'inri' la cárcel se encuentra inmersa en estos momentos en una serie de obras de cambio de radiadores, lavabos e inodoros. Mientras se acometen los trabajos, los presos son trasladados a otras cárceles de forma provisional, de ahí que en las últimas semanas ha descendido el número de inquilinos. Una situación, aseguran en Tampm, que es transitoria, porque, una vez concluyan, estos mismos internos regresarán a Logroño.

Desde Instituciones Penitenciarias, consultadas por este diario, han declinado responder a las críticas de los sindicatos.

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