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«Pedimos al PP que cumpla la ley, haga las mediciones oportunas y, atendiendo a las mismas, establezca la delimitación de una zona de bajas emisiones, así como la posterior ejecución de medidas correctoras de mitigación del cambio climático». El PSOE en el Ayuntamiento de ... Logroño, preocupado por la actual «marcha atrás» en materia de movilidad urbana sostenible, presentará al pleno de enero una moción relativa al desarrollo de las medidas necesarias para la implantación de una zona de bajas emisiones que ayude a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la movilidad motorizada.
Así lo han dado a conocer este miércoles el exalcalde y portavoz del principal grupo de la oposición, Pablo Hermoso de Mendoza, y el concejal Álvaro Foncea, quienes han recordado que el anterior equipo de gobierno ya llevó a cabo un conjunto de medidas urbanas tendentes a favorecer una movilidad más sostenible y segura, priorizando a los peatones y la movilidad no motorizada en las actuaciones llevadas a cabo. Y todo ello, tal y como han puesto de manifiesto, con varios objetivos: desde el más global, como es reducir la contaminación en la ciudad, hasta el más concreto, como es minimizar el riesgo de atropellos, sin olvidar la reducción del ruido y la mejora de la salud comunitaria.
Logroño, como todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes, está obligada desde el 1 de enero de 2023 a contar con zonas de bajas emisiones que reduzcan el tráfico rodado o, cuando menos, el más contaminante. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética así lo establece y, desde el 27 de diciembre de 2022, ya se cuenta con el esperado Real Decreto que las regule (se da la circunstancia de que la normativa en cuestión establece un plazo de 18 meses para adaptar a la misma las intervenciones acometidas y las medidas puestas en marcha para impulsar el cambio modal desde el vehículo motorizado hacia modos de transporte más sostenibles).
El PSOE recuerda que en ello estaba pero que, tras el cambio en la Alcaldía de Logroño, nada se ha vuelto a saber al respecto. «Para el establecimiento de una zona de bajas emisiones es necesario realizar las mediciones oportunas sobre la calidad del aire en diversas zonas de la ciudad, y en los diversos tramos horarios. Esto debe permitir ajustar la toma de decisiones y definir, sobre la base de datos y evidencias, que zonas delimitar», explican.
Sin embargo, y a juicio del excalcalde, «el actual equipo de gobierno está haciendo justo lo contrario de lo que marca la ley, y lo que indica Europa. Casos claros son la destrucción de la infraestructura ciclista de avenida de Portugal, la eliminación del paso ciclista en República Argentina a la altura del IES Cosme García, la incentivación del uso del vehículo en el centro de la ciudad con la generación de un aparcamiento gratuito enfrente del colegio Espartero o la no adjudicación de la obra de la conexión ciclopeatonal que permitiría el acceso al polígono de Cantabria».
«Vamos marcha atrás y parece que esta política será permanente. El señor Escobar es uno de los pocos alcaldes que hace lo contrario de lo que la ley obliga y lo que Europa financia, y en vez de combatir la emergencia climática, la agudiza. Le pedimos que retorne a una política centrada y que, sobre la base de datos y evidencias, tome las medidas que nos permitan avanzar, no retroceder, como pasa en la actualidad. Debe cumplir la ley y definir para Logroño la zona de baja emisiones«, ha concluido.
El PP en el Ayuntamiento de Logroño ha acusado al PSOE de «hipocresía» al exigir al actual gobierno municipal «el cumplimiento de unos plazos que ellos mismos no quisieron respetar» en la implantación de la zona de baja emisiones. Los populares, tras la rueda de prensa del exalcalde Hermoso de Mendoza para presentar la moción socialista, se han mostrado sorprendidos por ello: «Tuvieron más de dos años, desde que en mayo del 2021 se reguló el establecimiento de una zona de bajas emisiones antes de 2023. Llegaron al final de su mandato, a las puertas de junio, habiendo incumplido, por tanto, su obligación y sin 'mojarse' en una materia de la que permanentemente hacían bandera», recuerdan. Desde el PP, en cualquier caso, se pone de manifiesto que «en diciembre de 2023, el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible plantea una nueva norma (Orden TRM/1422/2023) mediante la cual se exige que los ayuntamientos inicien la definición del proyecto regulado en el anterior real decreto», una información que «deberá quedar reflejada en el primer informe que presente al Mitma en 2024, previsto para junio». «A la vista de esta relación de hechos, se desprende que el actual equipo municipal está en plazo para cumplir la obligación legal que le corresponde, obligación legal que en su día incumplió el anterior ejecutivo socialista«, aseguran desde el PP.
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