La prolongación de avenida de la Sierra, a la espera de su encaje en el desarrollo de Ramblasque

La prolongación de avenida de la Sierra, de momento, tendrá que esperar. Que seguir esperando, cabría decir, después de que el Pleno de Logroño haya rechazado una nueva moción del PR+ instando al Ayuntamiento a firmar un convenio de ocupación de terrenos para tales obras, y ello aprovechando la reactivación de la ejecución del carril ciclopeatonal que conectará Lardero con la capital de La Rioja por parte del Gobierno regional.

La Comunidad Autónoma, ha venido a decir el regionalista Rubén Antoñanzas, «ha demostrado que las administraciones cuentan con los medios y la capacidad para acometer una inversión que responde al interés general de la ciudadanía», en este caso la expropiación 'acordada' para reanudar la ejecución del proyecto sin modificar el PGM. Sin embargo, los votos en contra de PP, PSOE y Vox (solo ha logrado el apoyo de Podemos-IU) han dejado la idea del riojanista en solo un intento más. Otro.

Así, la prolongación de avenida de la Sierra, a enero de 2025, tendrá que esperar a ver su encaje en el futuro desarrollo del sector Ramblasque, donde además se trabaja dentro de la actual revisión del PGM, según recordaba el concejal delegado Javier Martínez Mancho, y siempre pensando más allá de un vial, sino haciéndolo en un plan que, de la mano de la colaboración público-privada, sea el más beneficioso para el conjunto de la ciudad (habida cuenta de que hasta el 40% de las futuras viviendas podrían ser protegidas por ley), y para lo que ya hay contactos.

Mancho, al respecto, ha reconocido que se está en conversaciones con la junta de compensación para agilizar la resolución del citado sector, pero que la propuesta del PR+ no tiene cabida a día de hoy. «Si un carril bici es de interés general, mucho más lo es este vial, por lo que su ejecución se puede iniciar mediante el acuerdo de un convenio de ocupación manteniendo los derechos futuros de los propietarios permitiendo al Consistorio recuperar la inversión», ha aclarado Antoñanzas, añadiendo que «ello no impediría continuar con el ordenamiento urbanístico de este sector».

«Se precisa ordenación, un proyecto con infraestructuras y una financiación real, que corresponde a los propietarios del suelo (....) Si podemos conveniar una modificación con el acuerdo de todos, generaremos una colaboración público-privada exitosa para la ciudad. Estamos avanzando en todo ello», ha concluido Martínez Mancho, quien informó de que «en próximos días, esperamos poder tener algún criterio que podamos trasladarles», lo que podría adelantar la tan traída y llevada urbanización sin esperar a la revisión como tal del PGM mientras «los esfuerzos se dirigen a disponer del suelo para mejorar las conexiones con municipios colindantes».

El mismo Pleno, eso sí, ha aprobado con los votos a favor de PP, Vox y PR+ (en contra de PSOE y Podemos-IU por considerar la moción popular innecesaria y, sobre todo, derivada de un tema nacional), instar al Gobierno de España a revertir las obligaciones de registro e información en el ejercicio de hospedaje o alquiler de vehículos a motor, dicho de otro modo, pedir la derogación de la citada normativa.

El acuerdo plantea la derogación del real decreto que entró definitivamente en vigor el pasado 2 de diciembre de 2024, y que, como ha recordado el portavoz del PP, Miguel Sáinz, «supone que los establecimientos hosteleros tienen que solicitar hasta 40 datos para el 'checking' del hospedaje, y hasta 60 para alquilar coches». Medidas, ha defendido el edil, «de dudosa constitucionalidad» y con la que pretende dar voz al sector local y regional.

Por ello, y reconociendo «que hay datos que es necesario dar, por seguridad, y que ya se venían dando, pero no con tanta profusión», ha criticado que, actualmente, «son una carga insoportable para el sector» que está conllevando «una pérdida para la 'marca España'» por lo que ha reclamado «un debate serio y profundo de la normativa que se ajuste al mercado», sin dejar de lado «la seguridad».

Se ha rechazado, por otro lado, una moción de Vox «para fomentar la incorporación a la plantilla municipal de reservistas así como militares en los últimos años de servicio en los ejércitos de España». Una propuesta criticada por el resto de grupos, por «desconocer» o «saltarse» el funcionamiento de la Administración local.

Incluso se ha afeado por la Junta de Personal del Ayuntamiento (trabajadores del Parque Municipal de Servicios han protestado por su situación actual de falta de negociación como vienen haciendo desde San Mateo), con una intervención de su presidente, Miguel Ángel Ruales, que ha considerado que «supondría un grave perjuicio» para el Consistorio, afectando a todos sus trabajadores y, en especial, a la Policía Local, «que vería su plantilla envejecida, cuando se necesita lo contrario».

Igualmente, se ha rechazado (con el voto en contra de PP y Vox y a favor de PSOE y de los dos partidos del grupo mixto) la moción de Podemos-IU para «la realización de talleres de formación en violencia de género para entidades firmantes del protocolo de duelo», algo que, según el equipo de gobierno local, ya se está realizando.

El concejal de Movilidad, Ángel Andrés, por otro lado, avanzó que el Ayuntamiento de Logroño prevé tener para la próxima primavera un borrador de la nueva ordenanza de taxis de la ciudad, que ayudará a «dar un mejor servicio».

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