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Los próximos criterios que sirvan para revisar el Plan General municipal han salido adelante con los únicos votos del Partido Popular. Si los portavoces del Gobierno local -han intervenido desde el edil del área, Javier Martínez Mancho, a la portavoz del gobierno, Celia Sanz y, por fin, el alcalde, Conrado Escobar- han defendido que se han añadido propuestas resultantes de la participación ciudadana a los criterios aprobados por unanimidad en 2021 y que ahora se sustituyen, los grupos de la oposición han votado en contra por distintos motivos.
Desde el PSOE, primero Eva Loza y después Luis Alonso han dicho que detrás de los nuevos criterios no hay urbanismo, sino la solución jurídico administrativa que permitirá modificar el contrato con la empresa que tiene adjudicada la revisión, la de Ezquiaga, y que ha incumplido el contrato hasta cinco veces e incluso ha sido sancionada.
Vox, por su parte, se ha mostrado en contra por incluir los nuevos criterios, según su portavoz, María Jiménez, objetivos globalistas basados en la Agenda 2030. En su opinión, las máximas previstas al estilo de las zonas de bajas emisiones, las ciudades de 15 minutos, de calles abiertas... «han mostrado su baja eficacia» y, en cualquier caso, se trata de criterios «sin alcance pragmático».
Y el regionalista Rubén Antoñanzas ha insistido en sus dudas respecto a la participación ciudadana anunciada por el Gobierno local y la ha circunscrito al Colegio de Arquitectos y a los constructores. A su juicio, los criterios benefician a los constructores que invirtieron hace unos años en el entorno del monte El Corvo porque se estaba intentando una ecociudad.
Si Celia Sanz ha resumido diciendo que los criterios añaden mejoras en infraestructuras, en zonas verdes, enenergías renovables, en movilidad urbana o en cuestión de barrios,, el alcalde ha dicho que hubiera podido «haber elegido el camino cómodo, el de dejar pasar el tiempo pero no nos podemos permitir eso. Lanzo una vez más el reto del consenso que necesitamos».
El pleno ha comenzado con la puesta en conocimiento de la Corporación de la reestructuración del Gobierno local que, por ejemplo, modifica las responsabilidades en el área de Urbanismo, que pasa a liderar Íñigo López Araquistain mientras que el hasta ahora titular, Javier Martínez Mancho, se encargará de Plan General, y en Logroño Deporte, que se incluye en el área de Administración Pública de Francisco Iglesias, si bien Miguel Sáinz seguirá de vicepresidente. Ademáas, se crea la concejalía de Alcaldía que asume Celia Sanz junto a sus otras responsabilidades.
Pero además de los cambios organizativos, la sesión sirvió también para modificar las retribuciones de algunos concejales. López Araquistain pasará a cobrar 61.670 euros en 14 mensualidades -antes 56.868-, lo mismo que ya tenían aprobado desde el año pasado Francisco Iglesias, Celia Sanz y Patricia Sáinz, mientras que la retribución de Martínez Mancho será de 56.868 euros, menos que antes, dado que estaba en el club de los 61.000.
Laura Arrieta y Laura Lázaro pasan a estar liberadas al 75% en vez del 100% con 42.651 euros (hasta ahora tenían 56.868) y Laura Rivas dispondrá de dedicación del 50% con 28.434 euros, mientras que hasta ahora cobraba en función de su asistencia a sesiones.
Durante la sesión se ha abordado una moción para urgir el alto el fuego en Palestina y el paso de ayuda humanitaria y entre el público estuvieron integrantes de la Acampada en La Rioja por Palestina, quienes, tras el debate, se han ido al grito de 'Vergüenza' tras ver rechazada la iniciativa por los votos en contra de PP y Vox.
Los populares dijeron condenar rotundamente este conflicto bélico, si bien apostaron por delegar la responsabilidad en las autoridades competentes.
En varios de los asuntos del orden del día se debatió la situación de Logroño Deporte y los grupos, menos el PR+, acordaron planificar el corto, medio y largo plazo de la entidad.
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