El Pleno de Logroño regulariza las 32 facturas nulas de 'Calles Abiertas' por varias obras en pandemia

El Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado, con los votos a favor de los concejales de PSOE y UP, en contra de los de PP y Cs, y la abstención del del PR+ y los dos ediles no adscritos (ex de Cs), un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 198.871,86 euros a fin de abonar las 32 facturas del programa 'Calles Abiertas' declaradas nulas.

Las mismas, emitidas entre junio y octubre del 2020 para «adecuar calles y favorecer la movilidad peatonal y ciclista en Logroño» dada la situación de emergencia, han sido así regularizadas tras los reparos posteriores tanto de Contratación como de la propia Intervención por la forma en que se tramitaron entonces.

El alcalde de la capital de La Rioja, Pablo Hermoso de Mendoza, ha defendido todo lo hecho, personalizándolo en la figura de su concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, y ha tachado al PP, principal partido de la oposición, de actuar de «fiscal acusatorio» tratando de «judicializar» asuntos de movilidad «intentando levantar sospechas» sobre los proyectos acometidos y que se seguirán acometiendo.

«Yo estaría preocupado si no se hubiesen hecho tales trabajos, si se hubiesen ejecutado con sobrecostes, si hubiesen sido adjudicados a empresas de familiares de esta corporación municipal o creadas y aparecidas de la nada, pero aquí no hay nada de esto como bien saben ustedes», ha espetado Hermoso de Mendoza en clara referencia al líder popular, Conrado Escobar, quien ha hablado de «movilidad ilegal» al «prescindir del ordenamiento jurídico y de la normativa de contratación tanto ordinaria como extraordinaria».

Se trata, por un lado, de facturas en la que, tal y como ha reconocido el portavoz municipal del equipo de Gobierno, Kilian Cruz-Dunne, «se había dado por hecho que el estado de alarma amparaba la contratación por emergencia, pero la contratación por emergencia tiene un límite de plazo de un mes para iniciar los trabajos, con lo cual, las facturas emitidas de trabajos comenzados posteriormente quedaban fuera de plazo».

Y por el otro, siempre según sus palabras, de la inclusión dentro de las mismas de asistencia técnicas, «que eran del todo necesarias para poder hacer trabajos concretos, pero que después resultó que las características de la emergencia no contempla el suministro de contenido intelectual». Cuestiones que, «incluso después de analizarlo dentro de la casa, tal y como reflejan los informes, se hacen diferentes interpretaciones entre las unidades».

«Son facturas de trabajos realizados por empresas solventes y de prestigio que ya habían trabajado con el Ayuntamiento en varias ocasiones... No hay ninguna irregularidad jurídica en ellas y ni las unidades de Contratación ni de Intervención ni el Consejo Consultivo de La Rioja las ha puesto en ningún momento en duda», ha reiterado el portavoz del equipo de Gobierno, Kilian Cruz-Dunne.

Cruz-Dunne ha enmarcado el caso en la «novedad» que supuso la situación de excepcionalidad decretada con motivo de la pandemia, que supuso el inicio decidido para la redistribución del espacio público y que se mantiene pasado lo peor del coronavirus, y reconoció que ello dio lugar a «interpretaciones» contradictorias. «Ya lo dije en su día, si alguien tiene dudas de su legalidad que vaya a los tribunales... si no, pidan disculpas por mentir y manipular», ha exigido.

«El Ayuntamiento de Logroño puso en marcha en mayo del año 2020 la estrategia 'Calles Abiertas' para adaptar la movilidad y el espacio público ante la emergencia sanitaria. Podíamos haber estado parados, como lo hubieran estado otros partidos, pero nosotros no somos así. Se realizaron actuaciones en varias calles de la ciudad y ahí están», han sacado pecho los socialistas.

«Ni comisiones ni ilegalidades... ¿o es que pensaban encontrar mordidas en la compra de botes de pintura?», ha dicho la portavoz de UP, Amaia Castro, después de que la concejala de Cs, Rocío Fernández, lanzase un «esto tiene mismo aroma que las mascarillas de la señora Ayuso».

«Si ustedes no están en los tribunales es porque los controles internos han funcionado y han declarado nulas esas contrataciones y esas facturas han sido anuladas», ha repetido hasta en dos ocasiones el PP, primero por boca de Celia Sanz y después de Conrado Escobar. «Aquí no estamos hablando de tal o cual actuación de emergencia en tal o cual calle debido a la pandemia, sino de contrataciones que han hecho al margen de la ley prescindiendo del procedimiento legalmente establecido», ha añadido la primera.

Desde el PR+, Rubén Antoñanzas, como miembro del 'tripartito', ha asegurado «no tener duda de la honestidad de mi compañero ni mucho menos hablamos de mala gestión», si bien se ha referido a «una tema que ha generado dudas entre las unidades técnicas del propio Ayuntamiento» y «que debe aclararse para que no vuelva a pasar». «Pedí explicaciones y creo que aún no me han sido dadas, y creo que esto debe analizarse para que no vuelva a ocurrir», ha justificado para abstenerse.

Rocío Fernández ha puesto de manifiesto que fue Cs quien denunció el caso en marzo de 2021, entonces hablando de 31 facturas, que se han demostrado «irregulares» a la postre (con una más de añadido) y, por ello, ha considerado que se ha mentido sobre los «procedimientos administrativos que exige la contratación pública» por mucho que compartan algunas de las estrategias de 'Calles Abiertas'. Y se sigue haciendo, en su opinión.

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