El PP pide una aportación del Estado para paliar el déficit del soterramiento

Esta proposición, que será debatida en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados insta al Gobierno de Pedro Sánchez a «finalizar la redacción del nuevo Convenio marco» que regirá LIF 2002 y que, recuerdan los populares, fue «anunciado recientemente por la delegada del Gobierno en La Rioja».

Entre los tres puntos de la petición del grupo del PP, se reclama la incorporación «a la financiación del mismo, si no se ha hecho ya» de «una aportación adicional por parte del Estado que asuma de manera proporcional el déficit de la operación que ahora mismo recae exclusivamente sobre el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja». Y recuerda que esto «se comprometió en su momento» y que es algo que ocurre «en el resto de operaciones de soterramiento aprobadas por el Gobierno de España».

Por ultimo, el escrito presentado por la portavoz, Cuca Gamarra, pide que se convoque «de forma extraordinaria y urgente el Consejo de Administración de LIF 2002 para la presentación de dicho convenio».

Los populares argumentan que a pesar de que el 17 de febrero la delegada del Gobierno indicó que las negociaciones entre las tres administraciones estaban muy avanzadas para firmar el convenio que «vendría a sentar las bases para poder hacer realidad todas las fases de la actuación de integración al reequilibrar los compromisos de las partes», lo cierto es que «hace apenas seis semanas se aprobaban unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en los que se podía haber abordado la integración del ferrocarril en Logroño con la transparencia y garantías que puede ofrecer el marco de una Ley», pero que no se hizo «nada».

Es más, recuerdan que el PP presentó una enmienda con el fin de dotar económicamente el convenio General entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Comunidad Autónoma de la Rioja, el Ayuntamiento de Logroño y Renfe para la integración del ferrocarril en la ciudad de Logroño por un importe de 50 millones de euros, «que permitiera afrontar las obligaciones financieras de la Sociedad gestora del Convenio y que fue rechazada por el Gobierno y sus socios de coalición sin darse siquiera ni la posibilidad de valorar su transacción a pesar de la evidente importancia de la propuesta tanto para el futuro de la ciudad como para el conjunto de sus vecinos. Ayuntamiento y Gobierno Regional fueron testigos mudos».