Una pesadilla burocrática que dura ocho años

María Ángeles Lorenzo se llevó una sorpresa mayúscula cuando al abrir la multa de tráfico comprobó que se debía a una furgoneta que un mes antes había enviado a un desguace en territorio alavés. Explica que allí dejó su Renault Kangoo 1.9, que ya se le había quedado pequeña para sus desplazamientos, y cuya baja tramitó oficialmente junto al hombre que se haría cargo de ella y con el que contactó a través de un taller de Logroño. O al menos eso es lo que creía ella, pues Tráfico le confirmó posteriormente, según explica, que lo que había firmado no eran los papeles para la chatarra. «El hombre del desguace se fue a hacer fotocopias, porque, según me dijo, tenía que presentar papeles en el País Vasco».

Esto fue en el verano del 2012 y desde entonces no han dejado de llegarle con periodicidad mensual sucesivas multas, unas veces desde la Jefatura de Tráfico de Vitoria y otras de Bilbao, relata esta logroñesa, de 69 años, que acabó reconociendo que había sido víctima de un posible engaño y que las sanciones que le llegaban por exceso de velocidad, aparcamiento indebido… (más adelante por no pasar la ITV o no estar en posesión del carné de conducir) eran de su coche, que para su sorpresa seguía en circulación a manos de alguien que decidió obtener de él su último servicio. Su pelea está ahora con Hacienda en La Rioja, que es la Administración que le notifica las sanciones. «Me dicen que tengo que arreglarlo desde donde me ponen las multas y que solo cumplen la orden de cobro de la Agencia Tributaria de Vizcaya».

Ocurre que María Ángeles venía capeando las multas cada vez más abultadas por los intereses –de 75 a 2.400 euros– haciendo pliegos de descargo, pero los últimos apercibimientos no llegaron a sus manos. «Vivía en una residencia de ancianos y ahí mismo me hacían la tramitación, pero ahora vivo en una habitación de alquiler en el casco antiguo y no me ha llegado el aviso, me encontré de repente con un cobro de Hacienda de 1.377 euros correspondiente a la pensión y la paga de diciembre, más 292 euros cobrados el mes pasado». «Me he quedado con 150 euros, no tengo ni para comer, ni para pagar la habitación que tengo alquilada», se lamenta la mujer, con una pensión de 683 euros. «Las multas de coche no eran mías y lo he demostrado. Tengo papeles oficiales que lo acreditan».

La solución que se le plantea desde todos los estamentos que ha visitado, desde la Policía Nacional a la Delegación de Gobierno a los servicios municipales, es que se desplace personalmente a Bilbao para entregar la documentación disponible y acabar con esta pesadilla que ya dura ocho años.

«Me dicen que me busque un abogado, pero no tengo dinero. Tampoco puedo ir a Bilbao, pues preciso de una máquina de oxígeno para respirar. No tengo ni para comer y ya me están empezando a llegar los avisos de pagos de este mes. Ya no sé que hacer», se lamenta.

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