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10 parcelas, 10. Diez parcelas anunciadas dentro de la tercera fase del Plan Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Logroño el pasado diciembre, y que este enero estarán a la venta por 4,3 millones. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles la licitación para la enajenación de suelo público en el cual se estima que se podrán construir hasta 136 viviendas de protección oficial, con las que el alcalde Escobar aspira a retomar en la capital de La Rioja las políticas de VPO más de una década después.
592.863,14€ (16 viviendas estimadas)
440.567,49€ (19 viviendas estimadas)
443.653,23€ (18 viviendas estimadas)
1.197.137,49€ (35 viviendas estimadas)
437.183,58€ (10 viviendas estimadas)
310.650,78€ (8 viviendas estimadas)
518.579,61€ (16 viviendas estimadas)
115.746,47€ (4 viviendas estimadas)
170.784,66€ (8 viviendas estimadas)
117.499,71€ (2 viviendas estimadas)
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El proceso en cuestión se realizará mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria con el alza en el tipo de licitación como único criterio de adjudicación y, lo que es más importante, el pliego de condiciones deja claro que el objeto de la enajenación es «la construcción de viviendas de protección oficial», a la par que marca una serie de plazos máximos para solicitar la licencia de construcción (8 meses desde el acuerdo de adjudicación), para el inicio de la construcción (6 meses desde el otorgamiento de la licencia de construcción) y para finalizar la misma como tal (hasta 32 meses). En todo caso deberá obtenerse la licencia de primera ocupación en el plazo máximo de cinco años desde la fecha del acuerdo de adjudicación.
Así, y respecto a la venta de las viviendas construidas, «ejecutadas en régimen de protección y con una plaza de garaje y un trastero vinculados», deberán hacerse a «personas que se encuentren inscritos en el Registro de demandantes de vivienda protegida de La Rioja», que deberán asumir una serie de compromisos, como constituir en la vivienda su domicilio habitual y permanente, que no podrán transmitir ni ceder durante un plazo mínimo de diez años (obligación que se entenderá incumplida cuando la vivienda permanezca desocupada más de tres meses seguidos).
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Melchor Sáiz-Pardo
Julio Arrieta, Gonzalo de las Heras (gráficos) e Isabel Toledo (gráficos)
Jon Garay e Isabel Toledo
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