Una ordenanza que no pega

Que únicamente se autorice su instalación en lugares especialmente habilitados (salvo excepciones) prohibiendo expresamente su colocación en el exterior de los escaparates de locales comerciales, fachadas de edificios, plantas bajas tanto ocupadas como desocupadas, andamios, cerramientos provisionales de obra y mobiliario urbano no pudiendo utilizar tampoco señales de tráfico, báculos y columnas semafóricas, árboles, papeleras, farolas, y en general, cualquier ornamento ubicado en la calle es lo que tiene.

Con las ordenanzas en la mano casi ninguno de los carteles que se ven en la vía pública cumplen, salvo los instalados en los escasos y excepcionales 'cilindros' existentes del tipo del ubicado en la confluencia de la Gran Vía con Daniel Trevijano. Ya el pasado octubre desde Cambia Logroño se denunciaba al Ayuntamiento de Logroño y al Gobierno de La Rioja por incumplimiento de ambas ordenanzas a la hora de colocar su cartelería publicitaria para actos y eventos (que limita su instalación y, además, hay que pedir permiso, pero tampoco existe ningún trámite legal habilitado para ello). Y lo hacían para dejar en evidencia tan clara contradicción, pues en septiembre Stop Represión era multada por colocar carteles de una manifestación por el denominado 'No Caso 14N' justo al lado de donde se ubicaban anuncios con la programación del teatro Bretón o de Riojafórum.

El martes, Ciudadanos (Cs) se hizo eco de la demanda de Abiding Pack en la Comisión de Transparencia. Julián San Martín preguntó por la apertura de un supuesto expediente a la empresa en cuestión por colocar carteles en la vía pública encargados por la propia Administración local -del teatro Bretón, concretamente-. También lo hizo Cambia. Un 'sinsentido' que lleva a buscar soluciones a una actividad -la colocación de la cartelería oficial, para más inri- 'sin regulación' o contradictoria y restringida por los «muy pocos espacios habilitados, por lo que no se consigue que los anuncios cumplan su labor»-. La empresa únicamente pide una reunión para «tratar de encontrar la manera de realizar la actividad de manera lícita y eficaz, de forma compatible con la normativa».