Logroño estrena 2023 sin zonas de bajas emisiones que restrinjan por etiquetas

Logroño, como todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes, está obligada desde el pasado 1 de enero a contar con zonas de bajas emisiones que reduzcan el tráfico rodado o, cuando menos, el más contaminante. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética así lo establece y, desde el 27 de diciembre, ya se cuenta con el esperado Real Decreto que las regule.

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Sin embargo, la capital de La Rioja estrena año sin zonas de bajas emisiones como tal que restrinjan por la etiqueta ambiental de la DGT, como sí pasa en otras ciudades –si bien, las menos hasta la fecha–. Se da la circunstancia de que la normativa en cuestión establece un plazo de 18 meses para adaptar a la misma las intervenciones acometidas y las medidas puestas en marcha para impulsar el cambio modal desde el vehículo motorizado hacia modos de transporte más sostenibles.

La Ley habla de restricciones «conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente», es decir, las pegatinas de clasificación lanzadas en su día por la DGT. Pero la realidad, a día de hoy, es que Logroño, como tantos otros ayuntamientos, «tiene imposible pensar en restricciones por etiquetas pues se necesitan herramientas de gestión que hagan efectivas las zonas de bajas emisiones que se determinen». Así, al menos, lo pone de manifiesto el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero.

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El Real Decreto fija que los proyectos de zonas de bajas emisiones deben comportar una mejora respecto de la situación de partida y, en todo caso, asegurar el cumplimiento de los valores legislados –directrices de la OMS sobre la calidad del aire y el ruido–. Y ello conlleva sistemas de medición para tal fin y de control, llegado el caso, para regular accesos y multar en caso de incumplimiento.

Así, desde la Administración local se estudia al detalle en estos momentos el diseño de zonas de bajas emisiones, a fin de adecuar lo ya hecho en Logroño para que se ajuste a la normativa, así como los sistemas de monitorización y seguimiento requeridos para los que ya se ha pedido financiación a la UE.