Logroño reduce el IBI medio punto y sube las tasas un 2,3% según el IPC a la espera del incremento en basuras

Bajada del IBI, el medio punto adelantado ya el pasado verano; reducción de un 2,5% de la Plusvalía mientras mantiene Vehículos, IAE e ICIO; y subida de tasas (actualización del IPC) según el 2,3% del Índice de Precios de Consumo de agosto a la espera de concretar el incremento de basuras para ajustar el recibo al coste real del servicio.

El Ayuntamiento de Logroño ha dado a conocer definitivamente el proyecto de ordenanzas fiscales para 2025, donde ha confirmado que el tipo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el que establece la cuantía de la contribución, bajará del 0,58 al 0,575 (después de que en 2024 ya lo hiciese un punto desde 0,59).

De la misma manera, el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la conocida como Plusvalía, se reducirá en un 2,5% (la misma bajada que en este ejercicio), mientras que Vehículos, IAE (Impuesto de Actividades Económicas) e ICIO (Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), por su parte, se verán congelados.

Como contrapartida, las tasas y precios públicos se revisarán conforme al IPC, hasta un 2,3%, quedando emplazados este mismo martes para que el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, detalle la subida de las basuras, si bien ya ha adelantado que no será lineal (a partir del año que viene todos los ayuntamientos estarán obligados por ley a incrementar dicha tasa, una medida 'europea' que busca penalizar a quienes generen más residuos)

«Este proyecto se articula en torno a la reducción de la carga fiscal y la simplificación de los diferentes trámites tributarios de ámbito local para apoyar a las familias logroñesas y estimular el crecimiento del tejido empresarial y económico de la ciudad», ha señalado, pese a los datos, Iglesias, quien a la pregunta sobre el prometido descuento del 10% en el recibo medio logroñés por parte del alcalde Escobar ha precisado que será el último año del presente mandato »cuando toque hacer balance«. No obstante, ha reconocido que »no podemos tener un 10% de bajada en todo porque, entre otras cosas, hay que cumplir la ley« (en alusión, por ejemplo, a las tasas, y limitando tal compromiso a los impuestos que dependan directamente de la Administración local).

En este sentido, el edil popular se ha referido tanto al IBI como a la Plusvalía. «En cuanto a la contribución, el medio punto de este año, sumado a la reducción de un punto el pasado, supondrá un descenso acumulado de 1,5 puntos en dos años y se traducirá en un ahorro cercano al millón de euros para la ciudadanía». «Y a esta reducción se suma la del 2,5% que sufrirá el tributo al incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana cuando se produce la transmisión de la propiedad, con lo que llegamos al 5% en dos años, que esperamos que sea del 10% al final de la presente legislatura», ha dicho.

Las previsiones municipales pasan por aprobar las citadas ordenanzas en el pleno ordinario de noviembre, y todo ello con el objetivo de que las mismas entren en vigor el próximo 1 de enero junto al nuevo presupuesto correspondiente a 2025.

El proyecto de ordenanzas fiscales, por otro lado, propone mantener todas las modificaciones introducidas en 2024, que estaban orientados a tres objetivos fundamentales: «el apoyo a las familias, el fomento de la actividad económica y las acciones de carácter ambiental», en palabras de Iglesias.

Se trata, entre otras, de beneficios como la bonificación de hasta el 95% del IBI para locales en los que se desarrollen actividades económicas y se hayan visto afectadas por la realización de obras de titularidad municipal en la vía pública (entre un 50% para afecciones inferiores a nueve meses y superiores a tres; y de un 95% para afecciones superiores a nueve meses); bonificación del 50% del IBI a inmuebles en los que se instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos; bonificación del 40% en el IAE sobre la cuota mínima municipal en aquellos casos en que la actividad ejercida en el inmueble se haya visto afectada por obras realizadas en la vía pública con una duración superior a tres meses; o los porcentajes de bonificación por tipo de carburante en vehículos de autónomos de determinados epígrafes del IAE.

«Las familias monoparentales o equiparadas continuarán teniendo el mismo tratamiento fiscal que las familias numerosas en las actuales ordenanzas del Ayuntamiento de Logroño», ha recordado.

Con el objetivo de facilitar la tramitación de estos beneficios fiscales, se apostará por la digitalización y la simplificación de trámites, aprovechando la puesta en marcha de las ordenanzas fiscales de 2025 con la puesta en funcionamiento de las primeras fases de la Administración Electrónica municipal.

«En este sentido, no será necesario pedir al ciudadano documentación habitual, especialmente a la hora de solicitar bonificaciones fiscales, que hasta ahora era necesario presentar, como por ejemplo un libro de familia o un certificado de discapacidad. Esto supondrá un salto importante en cuanto a rapidez y eficacia en la tramitación, dado que el sistema municipal podrá recabar de forma automática esos documentos, tanto de su propio archivo como del de otras administraciones», ha apuntado Iglesias.

«A esto se suma la posibilidad de realizar muchas de estas gestiones de forma virtual y ágil, sin necesidad de acudir a las dependencias municipales. Algunos ejemplos son la bonificación del IBI para familias numerosas, la concedida a personas con discapacidad o la bonificación referente a vehículos eléctricos, donde se producirá una reducción importante de la documentación que deberán aportar los interesados y que podrá tramitar de forma digital», ha añadido.

Respecto a las tasas y los precios públicos, el proyecto presentado plantea su actualización conforme al IPC del mes de agosto, un 2,3%, «con el objetivo de adecuarlas al coste de los servicios públicos, como el servicio municipal de agua y alcantarillado, los vados o los derechos de examen para una oferta de empleo público, entre otros».

De este modo, ha recordado Iglesias, se cumple lo que marca la Ordenanza Fiscal de Gestión, Liquidación, Inspección y Recaudación en su artículo 4 y se adecúan al coste de los servicios, como se aconseja en los principios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

«Esta medida responde una mera cuestión de una buena gestión entre ingresos y gastos públicos, donde es necesaria la revisión de las tasas y los precios públicos para aproximar lo máximo posible el coste que suponen estos servicios al Ayuntamiento y lo que el Consistorio recauda por ellos», ha apuntado.

Así, amén de la de terrazas, la tasa de cementerios, sin actualizar desde hace varios años, también se modifica para dar cobertura a una realidad cada vez mayor, como son los ritos funerarios de población musulmana y cuyos enterramientos conllevan unos costes específicos por el propio proceso funerario.

Entre estas actualizaciones, destaca también el dos nuevos precios públicos. El primero para los test de sustancias estupefacientes realizados por la Policía Local, cuyo importe, que ronda los 200 euros, será cobrado al infractor tras dar positivo, al margen del importe de la multa que reciba posteriormente. El segundo será el derivado de la utilización de la cartelería digital municipal o tótems digitales, cuyo precio será de 271,91 euros por una semana y 12 pases de 10 segundos por hora; y un precio reducido de 217,36 euros para diferentes colectivos, tal y como se especificará en la norma.

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