El Ayuntamiento de Logroño encarga a Informática un informe sobre el caso de las actas modificadas del PGM

El caso, desvelado por este periódico hace poco más de una semana, tuvo continuidad el pasado lunes, donde se reunió de nuevo la citada mesa de trabajo en un intento del gobierno local por explicar lo ocurrido. «Se realizaron las aclaraciones respecto a las actas planteadas por los grupos, se dio conformidad a las de los días 15 y 24 de abril de 2024, no hubo alegaciones al contenido de las mismas, y se han incorporado al expediente», se limitó a informar la Administración local oficialmente.

Pero lo cierto es que la situación a día de hoy es que a la revisión del Plan General Municipal de Logroño no le abandona la controversia: lo último, que en lo entregado a los grupos no constasen los reparos técnicos de Pilar Sampedro, posteriormente cesada, al contrato con Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio habida cuenta de que había una propuesta de resolución por incumplimientos sobre la mesa.

«Interviene, brevemente, la secretaria de esta mesa de trabajo para apuntar el procedimiento administrativo de la revisión del PGM y su situación con respecto a los criterios y objetivos. Señala que dada la fase en la que está el expediente en contratación, con una propuesta de resolución por parte de la dirección del contrato, resulta innecesario la definición de nuevos criterios y objetivos. El establecimiento de dichos criterios debe hacerse al inicio de un contrato y este punto se superó en enero de 2022».

Así consta en el acta elaborada por la citada secretaria de la mesa de trabajo para el seguimiento de la revisión del PGM, la entonces directora general de Urbanismo Estratégico, Pilar Sampedro, de una reunión celebrada el pasado 15 de abril de 2024, que fue firmada electrónicamente el 20 de mayo con los citados reparos técnicos de la propia Sampedro incluidos en el texto.

El problema es que lo recibido por los grupos municipales, ya el 23 de julio y tras las reiteradas solicitudes por parte de la oposición, fue un borrador que, precisamente, omite el párrafo con tales reparos. Se da la circunstancia de que la misma, pese a reflejar que es obra de la citada secretaria (y así lo volvieron a recordar desde el ejecutivo municipal), es decir, de la exdirectora general, no incluye firma alguna.

Diario LA RIOJA, que tuvo acceso a ambos escritos, pudo comprobar la falta de un párrafo que no es baladí y que, de forma oficial, desde el gobierno local se explica que se trata de un borrador de acta anterior, «lo que en ese momento –en alusión al 23 de julio cuando se remitieron ante la insistencia de los citados grupos– se tenía en Urbanismo» (una semana antes de que el PP sacase adelante en solitario la actualización de los citados criterios y objetivos).

«Nos dicen que no tenían constancia del acta firmada en el momento en el que nos enviaron el borrador», resume la oposición, dando cuenta, además, de que se les ha dicho que al parecer había dos carpetas, una de la época de Pablo Hermoso de Mendoza y otra de la de Conrado Escobar, lo que no ha ayudado precisamente a despejar dudas. De ahí que desde el Partido Riojano, por ejemplo, se insista en que el informe de Informática investigue todo lo relativo tanto al acta como al borrador, a la vez que insisten en que las explicaciones oficiales «no están acreditadas».

Al respecto, si Rubén Antoñanzas (PR+) cree que lo de las actas no deja de ser una «cuestión opaca» más dentro del actual proceso de revisión del Plan General, pues la misma «era la prueba en la que una directora general advertía al alcalde en persona de que el proceso acometido no era correcto», Amaia Castro (Podemos-IU) entiende que el PP «no ha aclarado nada» recordando que ya ella en el pleno del pasado octubre habló de «actas manipuladas» en alusión a la existencia de un acta firmada y un borrador «que no dicen lo mismo».

Desde el PR+, tal y como ya se informó en su día, se mantiene la solicitud de comparecencia para el próximo pleno del concejal delegado del Plan General Municipal, Javier Martínez Mancho, para aclarar tal «modificación» y, a la espera de las explicaciones del alcalde, Antoñanzas no abandona la idea de acudir a la Fiscalía ante lo extraño de los hechos de no investigarse debidamente.

Desde el PSOE, por su parte, Luis Alonso pide que se aclare el funcionamiento de la mesa de trabajo, así como de sus protocolos, pues, habida cuenta del caso, ha quedado claro que «la praxis no ha funcionado». «Se trata en cualquier caso de reuniones anteriores a la actualización de los criterios y objetivos de revisión, a la cual nosotros votamos en contra en pleno, pero lo de las actas sigue siendo un misterio sin aclarar». Para el principal partido de la oposición, de todos modos, «lo importante viene ahora que se tiene que empezar a ver lo entregado por Ezquiaga».