Logroño Turismo: un entramado a la espera del desenredo

Si el 27 de enero del 2011 la popular Mar San Martín desvelaba hasta tres contratos en los que la terna de ofertas a la que obliga la ley compartían «no sólo administrador, sino accionariado e incluso domicilio social» -los tres relacionados con el Plan de Dinamización del Producto Turístico 'Enoturismo en Logroño'-, el 28 de febrero pasado trascendía el escrito de calificación de la Fiscalía de La Rioja solicitando penas para sus responsables.

El escrito firmado por el propio fiscal superior, Enrique Stern, con fecha 7 de febrero y hecho público por el hoy PR+, concluye, en alusión a los regionalistas Varea y Reiner, que «con ocasión de haber tomado posesión de sus cargos en el Ayuntamiento de Logroño, decidieron beneficiar económicamente a la empresa JazzGroup». O lo que es lo mismo: la acusación lanzada inicialmente por el PP siete años antes cuando estaba en la oposición.

Las sospechas políticas sobre la gestión desarrollada en el área de Turismo del Ayuntamiento de Logroño entre el 2007 y el 2011 con socialistas y 'riojanistas' en la Alcaldía se concretan ahora judicialmente en hasta tres presuntos delitos. Y todo ello con el foco puesto en JazzGroup, empresa de comunicación muy bien relacionada con las distintas administraciones en diferentes épocas cuyo 'entramado de sociedades' trabajó con PSOE y PR en el Ayuntamiento de Logroño y antes con el PP en el Gobierno de La Rioja.

Y es que si la 'matriz' y sus mercantiles vinculadas facturaron a Logroño Turismo 1,15 millones de euros entre el 2008 y el 2011 -según la documentación remitida por la Administración local a requerimiento judicial-, el Gobierno regional adjudicó contratos a la misma por valor de cinco millones de euros entre el 2002 y el 2007, según recordaba en su día el PSOE -quien desde entonces se ha desmarcado una y otra vez de la gestión de Gobierno de las áreas locales competencia del PR, como eran Turismo y Urbanismo-.

Las 'irregularidades', en cualquier caso, no se han circunscrito solo al caso 'Logroño Turismo', sino que han tenido varias ramificaciones y han sido noticia en todo este intervalo de tiempo. De hecho, desde que el 14 de marzo del 2012 el fiscal llamase a declarar por las citadas contrataciones como imputados por malversación a Ángel Varea, a Erich Reiner y al entonces diputado regional Rubén Gil Trincado -también asesor durante el Gobierno municipal del bipartito-, el plan de dinamización enoturística -en el que se enmarcan las esculturas desaparecidas y al que se le achaca el mismo 'modus operandi' en sus contratos- ha sido el protagonista de varias páginas.

Ya en el 2015 el juez vio posible prevaricación en contratos del 2008 entre el Ayuntamiento de Logroño y JazzGroup después de que una subcontrata denunciase y probase que la citada mercantil le había realizado pedidos relativos a la señalización enoturística -el conocido como caso de las 'placas' y los 'monolitos'- antes de serle adjudicados oficialmente los trabajos.

Un suma y sigue sin novedades desde entonces que tuvo su apertura judicial cuando en julio del 2011 la Fiscalía de La Rioja pedía al Ayuntamiento de Logroño información relativa a los contratos firmados con las empresas de JazzGroup entre el 2008 y el 2011 y que tuvo continuidad en noviembre de ese mismo año al solicitarse por parte del Ministerio Público una prórroga de seis meses para proseguir la investigación.

El juez requería y recibía ya en el 2013 el grueso de la documentación original. Un total de 192 cajas o archivadores -en la imagen puede verse un momento del traslado a los juzgados- que recogían lo hasta entonces esbozado de manera resumida: la relación por años de los contratos concertados por Logroño Turismo con JazzGroup, así como de los pagos efectuados a la misma.

La revisión de toda la documentación, salpicada de referencias a las relaciones contractuales con la citada empresa, ha durado años y se resume en más de 30 'operaciones' citadas por la Fiscalía para su solicitud de penas. Y ello pese a que, como advierte Stern en su escrito, «al percatarse de que no obtendrían respaldo popular para seguir en sus cargos (en relación a las elecciones municipales celebradas el 22 de mayo del 2011), en fecha 29 de abril se procedió a la destrucción de la casi totalidad de la documentación relativa a Logroño Turismo a través de una empresa de seguridad sin la presencia de funcionario ni técnico municipal que lo controlase».