Días contados en Gran Vía 21 tras 18 años pendiente de su demolición

Al inmueble, 18 años después de que se solicitase por primera vez la declaración del estado de ruina por una parte de la propiedad, se le acaba el tiempo... al menos tal y como se construyó entre 1928 y 1929 según lo proyectado por el arquitecto Quintín Bello –con las posteriores reformas de Fermín Álamo en 1933 y 1935 incluidas– prácticamente a la vez que el ya desaparecido cine Olimpia y sus vecinos 19 de Gran Vía y 1 de República Argentina. Y esta vez, además, con todos sus dueños, en principio, de acuerdo.

Atrás quedó el conflicto que mantenía enfrentados a los propietarios de los pisos en altura –favorables al derribo– y a los de los bajos comerciales –en defensa de su rehabilitación– desde 2005 –«no se aprecia la existencia de ruina técnica, sino más bien un estado de abandono» concluyeron los tribunales un año después–. Un conflicto que tras lustros de juzgado en juzgado ha terminado con una solicitud, esta vez desde el consenso, de la declaración de ruina, tanto técnica como económica. Y con la concesión municipal de esta última –lo que también hizo en 2014 quedando desestimada años después hasta llegar al Supremo–.

Así lo recoge una resolución de Alcaldía con fecha 30 de junio, que declara en ruina económica el edificio y se requiere tanto a los propietarios del mismo como a los usuarios de los locales comerciales para que «en el plazo de cuatro meses» inicien los trabajos de demolición del mismo. Y en ello se está, precisamente, tal y como confirman a Diario LA RIOJA fuentes de la citada propiedad, que ya habría pedido la «rehabilitación de la licencia anterior», pues ya fue concedida en 2015 tras la primera declaración de ruina posteriormente anulada.

«La nueva solicitud de ruina, y rehabilitación de la correspondiente licencia para su derribo, llega una vez desaparecido el conflicto de intereses y responde al estado del edificio más allá de sus futuros planes de nueva construcción», explican ahora.

De hecho, la comunidad de propietarios presentó la última solicitud de declaración de ruina basándose en hasta dos dictámenes periciales de mayo y septiembre de 2022 que sirvieron, junto al informe municipal pertinente tras la posterior inspección, para incoar el expediente en cuestión –con todos los pisos vacíos y dos locales, entonces, ocupados–.

Así, los informes privados concluyen que el edificio «carece de la seguridad necesaria provocadas por las condiciones de trabajo a las que se ven sometidos los elementos estructurales», y que «las patologías documentadas y puestas de manifiesto a través de grietas y humedades son generalizadas y no cumplen las condiciones de estanqueidad y seguridad» que debe tener.

Y el público, para un edificio que ha sufrido varias transformaciones a lo largo de su vida útil –los últimos arreglos documentados datan de 1989 y 2011– y que justifica la decisión final, confirma que la ruina económica es posible –su rehabilitación supondría el 85,71% del valor actual de construcción, muy por encima del 50% establecido por ley–, pero no la técnica... Y ello pese a que «en sus condiciones actuales no cumple de ningún modo las mínimas para asegurar su estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales, así como tampoco las relativas a su habitabilidad y uso efectivo» –porque, según se concreta, las reparaciones necesarias se pueden ejecutar con medios técnicos normales, y por tanto no es suficiente para declarar la ruina estructural–.