El Defensor del Pueblo solicita información al Ayuntamiento por la «destrucción» del carril bici de avenida de Portugal

El Defensor del Pueblo va a solicitar información al Ayuntamiento de Logroño sobre la supresión del carril bici de avenida de Portugal por parte del actual gobierno local del PP, ejecutado como parte del eje ciclista este-oeste y financiado con fondos europeos durante el anterior mandato del tripartito de PSOE, UP y PR+.

El Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas da respuesta así al escrito de denuncia de Logroño en Bici-Ecologistas en Acción, admitiendo a trámite una queja relativa a la «destrucción» de la citada infraestructura.

Una actuación, polémica pese a ser una de las promesas electorales del actual alcalde, Conrado Escobar, para desmarcarse desde el minuto 1 de la controvertida política de movilidad urbana sostenible de su predecesor, Pablo Hermoso de Mendoza, en pro del peatón y de la bicicleta en detrimento del coche, y que colea desde el verano pasado habiendo llegado incluso al Parlamento Europeo.

«Dicha actuación», recuerda el colectivo ciclista y verde, «se realizó sin cumplir con la normativa como viene regulada en la orden vigente sobre la gestión de los citados fondos europeos, por cuanto no habían transcurrido cinco años desde la realización del citado proyecto (era una actuación prácticamente recién realizada) y por cuanto no se pidió autorización previa al Ministerio para la supresión del carril bici en la expresada calle».

Además, tal y como inciden, todo ello con el agravante de que «no ha construido una infraestructura ciclista que sustituya el carril-bici suprimido, alterando sustancialmente el proyecto subvencionado». Y eso dejando a un lado todo lo acontecido recientemente con el amago de señalización de carril bici en Bretón de los Herreros.

También se hace constar al Defensor del Pueblo, institución que ocupa actualmente Ángel Gabilondo (si bien la comunicación de la misma lleva la rúbrica de su adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril), que «a pesar de que desde el Ayuntamiento se manifestó verbalmente que dicha supresión iba a ser la única y que iba a respetar el resto del eje ciclista citado, posteriormente ha realizado una nueva actuación que atenta contra el funcionamiento del mismo», en referencia a la eliminación de la prioridad ciclista de la 'turborrotonda' holandesa de la fuente de Murrieta.

Y es que, a juicio de Logroño en Bici-Ecologistas en Acción, «la modificación de la rotonda ciclista de la plaza, colocando dos cedas el paso en la misma (que afectan a los ciclistas) y suprimiendo la banda de pintura blanca que determina la cualidad de vía ciclista» tampoco puede ser pasada por alto.

Al respecto, y según precisan, «se solicitó en escrito de 19 de diciembre de 2023 y se reiteró en escrito de 25 de enero de 2024 la resolución administrativa que acordaba dicha modificación, así como los informes en los que se basaba» y, sin embargo, «los escritos no han sido contestados, lo que añade otro de los motivos de queja, la falta de información por parte del Ayuntamiento a los usuarios de estas infraestructuras».

Por último, se hace referencia «a la obra de consolidación del citado eje ciclista a su paso por la calle Duquesa de la Victoria», en la que también expresan su malestar por «no haber sido atendidos nuestros escritos, cuando se ha consultado a diferentes asociaciones (vecinales o de comerciantes)».

«Con relación a lo manifestado se participa que, sin atribuir a estos antecedentes el carácter propiamente de queja y con la finalidad de informarle debidamente, con esta misma fecha se va a solicitar información al Ayuntamiento de Logroño, cuyo contenido se le trasladará una vez obre en poder de esta institución», ha sido la reciente respuesta del Defensor del Pueblo, al que cualquier ciudadano puede acudir y solicitar su intervención «para que investigue cualquier actuación de la administración pública española o sus agentes, presuntamente irregular».

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