El Ayuntamiento licita el contrato de zonas verdes pendiente desde el pasado mandato por 30 millones

El gobierno local, así, tras revisar el pliego y sus criterios de valoración, tal y como ha explicado el concejal delegado de Medio Ambiente, Jesús López, espera poder lograr lo que se le resistió al anterior durante los últimos cuatro años: una adjudicación que ponga fin a un proceso que, oficialmente, se inició en 2018, con Cuca Gamarra de alcaldesa.

La Junta de Gobierno Local aprobará en su reunión de este miércoles el nuevo contrato por el que se regirá la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras verdes en la ciudad. La licitación, por un importe total de algo más de 30 millones de euros, comprenderá el servicio para los próximos cuatro años y será relevante porque, con las actuaciones previstas, «Logroño se convertirá en la capital española con mayor superficie de espacio verde por habitante».

Así lo ha querido destacar el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quien ha recordado que la capital de La Rioja cuenta en la actualidad con una extensión de 2.850.000 metros cuadrados de espacios de pradera natural y forestales y de 1.726.000 metros cuadrados de superficie con céspedes. «Espacios verdes que se verán ampliados en los próximos años con las actuaciones que se realizarán en el Interceptor Sur y en los parques de El Camino, Toyo Ito y Princesa Leonor hasta llegar a los 4.876.000 metros cuadrados, 300.000 más», ha precisado.

El horizonte con el que trabaja el Consistorio capitalino va a suponer que, con una superficie de 32 metros cuadrados de parques y jardines por habitante, Logroño se sitúe a la cabeza de las capitales españolas en este ámbito. Y el reto es que dichos espacios, así como el arbolado, zonas arbustivas, setos, jardineras ornamentales, fuentes y mobiliario urbano asociado, cuenten de una vez con un nuevo contrato para la gestión de su conservación y mantenimiento.

El nuevo contrato. al menos sobre el papel, supondrá un «avance significativo», tanto en términos cuantitativos hacia un anillo verde de 25 kilómetros que rodee la ciudad, como en términos cualitativos de la gestión de los mismos con la aplicación de criterios de circularidad con carácter integral.

El período de duración del mismo abarca desde septiembre de 2024 hasta agosto de 2028, y prevé la posibilidad de una prórroga de un año más. El precio total del mismo ascenderá a 30.084.671,88 euros (IVA incluido), frente a los 24,1 por los que salió a concurso en 2022.

El nuevo contrato integrará entre los criterios para la valoración de ofertas una serie de ejes que forman parte de la estrategia de 'Ciudad circular' en la que viene trabajando el Ayuntamiento de Logroño desde hace unos meses y que se presentará próximamente. Ejes tales como eficiencia energética, eficiencia hídrica, movilidad sostenible, digitalización, adaptación al cambio climático, gestión de plagas y enfermedades (lucha biológica), tipologías de infraestructura verde, biodiversidad y economía circular

El mismo trata de sustituir al actualmente en vigor que se inició en 2009 y que inicialmente tenía una duración prevista de ocho años, prorrogables por dos más. De hecho, su renovación se inició en 2018, si bien se ha ido paralizando por distintas causas y ha tenido hasta dos intentos frustrados (con recursos y correcciones que no lograron que saliera adelante durante todo el pasado mandato, llegando incluso a desistir).

En ese sentido, y con la finalidad de darse el margen de tiempo necesario para su tramitación, licitación y adjudicación, en la misma sesión se tratará también un nuevo y último expediente de prolongación cautelar del actual servicio que cubrirá el período hasta la puesta en marcha del nuevo, «prevista para el próximo mes de septiembre».

El nuevo contrato de conservación y mantenimiento en las infraestructuras verdes y elementos del mobiliario urbano de Logroño prevé, entre las medidas más relevantes en recursos humanos y materiales, la subrogación de los 99 trabajadores y la electrificación de todos los vehículos que lo permitan.

En lo que respecta a la infraestructura a la que tiene que dar cobertura, prevé de partida los 4,5 millones de metros cuadrados actualmente existentes y la incorporación posterior de los nuevos que se vayan creando a lo largo de la 'legislatura'.