Los nuevos apartamentos turísticos de Logroño deberán limitarse a bajos, entreplantas y primeros pisos

La modificación establece la implantación de este tipo de alojamientos, tan de moda en esta y en otras ciudades de España, ubicándolos a partir de ahora en bajos, entreplantas y primeras de los edificios residenciales de vivienda colectiva –o en edificios completos–.

Y como se trata de una nueva regulación «pero ya tenemos actividades en funcionamiento», las viviendas ya existentes –que superan las 600 a día de hoy– podrán seguir operando según lo han venido haciendo hasta la fecha aunque no podrán hacer ampliaciones.

Dicha modificación del Plan General Municipal se plantea para conseguir una distribución "más equilibrada" de este tipo de alojamientos turísticos en la capital. Para ello, se ubicarán en las plantas inferiores de los edificios residenciales de vivienda colectiva (algo que se hará extensivo a otros tipos de alojamientos turísticos que contaban con regulación urbanística, como por ejemplo las pensiones), además de permitir que se establezcan como cuerpo constructivo independiente, es decir, en un edificio completo.

El mismo Pleno ha aprobado también, en este caso por unanimidad, el convenio con el Gobierno de La Rioja para la prestación del servicio contra incendios y salvamento fuera del término municipal, que es anual y tiene un importe de 600.000 euros.

La concejala delegada, Eva Tobías, ha valorado «el enorme esfuerzo» para las unidades implicadas por elaborar una memoria que por primera vez refleja el impacto económico que supone este convenio, y que también detalla el porcentaje de actuaciones en la zona objeto del convenio, un 23,24%.

Tobías, al respecto, ha insistido en que se trabaja con el Gobierno regional para tener un nuevo marco de convenio que cubra varios años y que suponga un incremento en el importe económico que no ha variado desde el año 2015.

De la misma manera, todos los grupos municipales han dado su visto bueno al convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Logroño y las mercantiles Coral Homes, Harri Egoalde 2 y Saglei para adelantar la ejecución del PERI Nº41 ‘Río San Miguel’, que situado entre la avenida de Burgos y el barrio de El Arco, podrá albergar hasta 400 viviendas.

Se da la circunstancia de que se trata de uno de los PERI de mayor superficie de todos los configurados en la capital, con una superficie de 54.600 metros cuadrados, y los actuales dueños buscan desarrollarlo antes de su vencimiento –delimitado en el 2000, expira en 2024– tras el frustrado intento de los anteriores hace 11 años.

Tales sociedades, además, se comprometen a solicitar licencia de derribo de las edificaciones industriales en el plazo de dos meses desde la notificación de la aprobación provisional de tal modificación con planes de ejecutarlo cuanto antes y, por tanto, edificar las viviendas que finalmente se obtengan. Y ello posibilitaría, por ejemplo, la construcción de las tan demandadas aceras.

La única consecuencia socioeconómica derivada de dicho adelanto tendría lugar sobre la actividad de la estación de lavado de coches que se desarrolla en la avenida de Burgos –'La Ballena Azul', en la confluencia con la calle Arco–, que cuenta con licencia en vigor por haberse otorgado de forma previa a la delimitación del PERI –y que podría continuar, al ser compatible urbanísticamente, o ser indemnizada en caso de no hacerlo–.

El Consistorio capitalino ha aprobado por unanimidad en el pleno de noviembre dos nuevas adhesiones de la ciudad a sendos 'programas de colaboración': una al manifiesto #DóndeEstánEllas, iniciativa de la Oficina del Parlamento Europeo en España surgida en marzo de 2018 con el objetivo de visibilizar la presencia de mujeres expertas en el espacio público, especialmente como ponentes en debates, eventos y conferencias sobre asuntos europeos.

Y otra a la Alianza País Pobreza Infantil Cero, impulsada por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil con el propósito de fomentar la participación y la creación de alianzas del conjunto de actores sociales para trabajar por una visión común: una España en la que todos los niños, niñas y adolescentes tengan las mismas oportunidades de futuro sin importar las condiciones de su nacimiento.