El Ayuntamiento de Logroño deja de ingresar este año 800.000 euros por recursos a la plusvalía

Así, en los últimos meses, y a cuenta de la estimación de recursos, el Consistorio ha elaborado 292 liquidaciones a través de las cuales ha devuelto 216.380 euros. Pero, por la misma causa, por los recursos que han prosperado, ha formulado otras 942 liquidaciones que han supuesto la anulación de plusvalías por un importe de 419.597 euros (en el caso de la devolución ha habido movimiento de dinero pero, en el de la anulación, el ingreso a favor de las arcas municipales no llegó a hacerse). En otros 218 casos, se llegó a la conclusión de que se trataba de plusvalías no sujetas a tributación, previa comprobación de los datos, y ello conllevó otros 153.738 euros.

En unas semanas volverán a tramitarse ordenanzas fiscales, esta vez, las correspondientes a 2021. No habrá cambios de relumbrón. Este impuesto se articula mediante legislación nacional y, en lo local, solo se pueden incluir bonificaciones. Logroño cuenta con una del 95% para los familiares que vivan en casa de quien fallezca y, así, se tenga que producir la transmisión del bien. Si acaso, las modificaciones que se produzcan serán para facilitar la gestión, indicó la concejal del área, Esmeralda Campos.

Cuando se iniciaron los procedimientos judiciales –los fallos sobre los mismos más bien– hubo una corriente en el municipalismo nacional que temía los efectos en los ingresos de las administraciones locales y pedía cambios en este impuesto, pero este movimiento ya no existe y, por tanto, no se plantean.

Una vez que pinchó la burbuja inmobiliaria, los tribunales atendieron a quienes argumentaban que, si se trata de un impuesto sobre el incremento del valor y este aumento no se había producido, no había lugar. Incluso el Tribunal Constitucional tachó de inconstitucional, hará un año, que la plusvalía sea mayor que la ganancia en la operación. El último pronunciamiento fue este mayo y vino del Supremo.

En la administración local logroñesa se aplican desde septiembre del 2018 unas directrices a este impuesto que han ido reduciendo la conflictividad, si bien llegó a haber hasta 2.500 reclamaciones, no todas finalizadas hasta el momento.

Las sentencias claves se dictaron en el año 2017 y no se contemplaron efectos retroactivos.