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La Junta de Gobierno local ha acordado este miércoles requerir a la empresa Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio para que en 15 días hábiles presente la documentación correspondiente a la primera fase del contrato de revisión del Plan General municipal subsanando todas las deficiencias que ... figuran en los informes de los técnicos municipales.
Junto a esta medida se ha aprobado abrir expediente para la imposición, si procede, de penalidades a la empresa «por ejecución defectuosa de prestaciones del contrato por importe de 3.100,16 euros, el 1 por ciento del precio de adjudicación».
En este caso, hay un plazo de diez días hábiles para que la firma pueda presentar alegaciones y/o las justificaciones pertinentes y solicitarle una aclaración sobre el personal adscrito al contrato.
El portavoz municipal, Kilian Cruz-Dunne, ha indicado que la empresa tenía que corregir incorrecciones y defectos localizados que pudieran impedir la aprobación de los documentos en el futuro.
La Junta de Gobierno local del 1 de diciembre de 2021 adjudicó a Ezquiaga la asistencia técnica para la revisión del Plan General de Logroño por 375.119 euros.
La firma madrileña fue la única que había presentado oferta a la convocatoria que se organizó entonces. Además, ya conocía muy bien la documentación que existía porque también había resultado adjudicataria en 2007 del concurso que se desarrolló para realizar un análisis y diagnóstico de la situación y preparar un documento de avance.
Los técnicos municipales, en los informes que habían realizado para el procedimiento de 2021, entendían que el punto de partida del nuevo contrato para la revisión mencionada partía de un escenario distinto al anterior, porque iba a poder centrarse directamente en el documento tramitable, al disponer en su inicio de un avance consensuado y publicado.
En sus actuales informes, los técnicos, además de describir el actual estado de la ejecución del contrato y los posibles incumplimientos, proponen la imposición de penalidades por la ejecución defectuosa del objeto contractual, el requerimiento de aclaraciones respecto al personal adscrito al contrato y la concesión de un plazo para que se subsanen todas las deficiencias detectadas.
Logroño lleva mucho tiempo queriendo revisar su Plan General. De hecho, el anterior contrato se firmó hace quince años, pero los trabajos estuvieron paralizados entre 2011 y 2018. El avance que se retomó y que por fin salió adelante suscitó en la pasada legislatura la aprobación de todos los grupos –PP, PSOE, PR+ Cs– excepto Cambia Logroño, que se abstuvo.
Aquel documento se sometió después a exposición pública durante seis meses y recibió unas alegaciones que nunca se han respondido y, por tanto, quienes las presentaron no saben qué suerte habrán corrido. Y ello porque, según dijo en su momento el concejal de Desarrollo Urbano, Jaime Caballero, el documento de avance no contenía la documentación ambiental precisa.
Por tanto, se retomaba la revisión pero ahora topa con estos inconvenientes. Porque el actual plan, activo durante más de treinta años, «está muy experimentado y ha conseguido gran parte de sus objetivos», incluso se han podido ir adaptando los distintos cambios legislativos y resolviendo modificaciones puntuales, tanto del planeamiento como de la normativa urbanística, los diferentes problemas surgidos, señalan los técnicos municipales, pero también presenta carencias importantes a estas alturas, como que «el largo recorrido del plan ha hecho perder una necesaria visión de conjunto».
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