Admitida a trámite la denuncia contra Julián San Martín y María Luisa Alonso

La denuncia de Echazarra -expulsado de la dirección regional de Ciudadanos en el 2016 tras serle abierto un expediente disciplinario y también con un juicio civil pendiente contra el partido en el que solicita su reingreso- sostiene que Alonso y San Martín firmaron un contrato laboral a cargo del dinero entregado al Grupo Municipal Ciudadanos habiendo sido informados de que no era legalmente factible dedicarlo a tal fin. El denunciante considera que la actuación merece una pena de cuatro años de cárcel y diez años de inhabilitación especial para el desempeño de un cargo público para ambos ediles.

En el texto trasladado a la Justicia, el exmiembro de Ciudadanos explica que Alonso fue contratada en el mes de abril del 2016 como auxiliar administrativo por el partido, siendo retribuida con fondos asignados al grupo municipal pese a que lo prohíbe la Ley de Bases y Régimen Local. Añade que la junta directiva regional, de la que él formaba parte, aprobó requerir a la Comisión de Garantías para reponer de forma urgente al Consistorio el dinero indebidamente utilizado. Echazarra sostiene que antes de la contratación irregular se advirtió a los grupos que no cabía la fórmula adoptada, a pesar de lo cual Julián San Martín procedió a formalizar dicho contrato.