Los cesionarios de Albia de Castro irán a los tribunales por las cuotas «abusivas»

Los problemas del aparcamiento, en esencia, no son diferentes a los sufridos por los cesionarios de las plazas en otros parkings como Gran Vía o Jorge Vigón -por citar sólo los más recientes que también acabaron en manos de un juez-. Y es que, a los defectos y desperfectos en la construcción reiteradamente denunciados -goteras, filtraciones y humedades-, se unen unas cuotas mensuales -71 euros por trimestre- que la asociación en cuestión ni comparte ni encuentra justificadas en modo alguno.

«Nos cobran por un servicio que no se está dando incluyendo facturas infladísimas y gastos no imputables a lo que podría considerarse el mantenimiento ordinario de un garaje de estas características», explican desde la asociación, que se hizo con las cuentas tras una doble reclamación judicial «observando conceptos y cuantías que no nos cuadraban y que entendemos que no nos corresponden a nosotros sin ser propietarios».

Los problemas de la dotación, en el subsuelo del entorno del polideportivo Lobete construido por la UTE Sacyr-Ceosa, no son nuevos. Ya en el 2011 los adjudicatarios remitieron a la Administración local un informe de desperfectos para que instase a la constructora a su arreglo. Una reparación que se visibiliza a día de hoy en un sistema de chapas para la recogida del agua -y cuyo mantenimiento, denuncian, está incluido en las cuotas trimestrales- que no han dado el resultado esperado tal y como ellos advertían pese a los argumentos municipales.

«Los problemas van a más, y a la espera de que los tribunales resuelvan -el Ayuntamiento es titular del parking e interviniente en su construcción, de ahí que haya sido demandado-, no estamos dispuestos a correr con unos gastos que ni Sacyr ni Ceosa, que cobran 3.500 euros mensuales en concepto de administración, justifican debidamente», concluyen.

Desde la citada asociación de cesionarios se ha contratado a un asesor-economista para que elabore un informe sobre cuáles serían los gastos imputables a los cesionarios y acudir a los tribunales ante lo que consideran una cuota abusiva -excesiva- «y que no se sostiene».